El exgobernador bonaerense Daniel Scioli y su exministro de Salud provincial, Alejandro Collia, fueron imputados y citados a prestar declaración indagatoria ante la justicia penal platense, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras.

Scioli deberá comparecer el próximo 3 de mayo ante el fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, quien investiga la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) por las que el gobierno bonaerense pagó 189 millones de pesos.

Garganta citó además a declaración indagatoria al exministro de Salud bonaerense y concejal de 3 de Febrero, Alejandro Collia, para el próximo 2 de mayo.

La diputada nacional y presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, celebró el llamado a indagatoria de Scioli «en una causa iniciada por Elisa Carrió y su partido».

«Cuántos sabían del robo a Buenos Aires y callaban cómplices. Gracias a Dios cambiamos y hoy María Eugenia Vidal cuida a los bonaerenses», dijo Oliveto en su cuenta de Twitter.

Tanto Scioli como Collia están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Garganta indagará también en mayo al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de partícípe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; y a los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez (ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz Priolo (ex Directora General de Administración) y Matías Alcalde (ex Director de Contabilidad), acusados de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Según la resolución a la que accedió Télam, existen «indicios vehementes» de que entre los años 2011 y 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

La adjudicación a esa empresa se concretó «con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Ricardo Miller), y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol».

Para el procesamiento «se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas».

«A medida que avanzaba el empresario en las adjudicaciones, tenía su correlato en las mejoras del predio del ex gobernador», destaca el fiscal, quien estima que el vínculo comercial y personal entre Scioli y Miller data por lo menos del 2009.

Además de las sociedades que conformaban, Garganta valoró también que Scioli utiilzaba dos helicópteros propiedad del empresario.

Miller mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata.

Garganta investiga también a Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que fueron usados en la campaña electoral.