El conflicto por el funcionamiento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo sin definiciones. El Gobierno nacional no logró cerrar un acuerdo con las empresas de colectivos y decidió continuar las conversaciones la próxima semana, en un contexto de menor circulación de unidades y reclamos cruzados por financiamiento.

El encuentro se realizó este jueves y reunió a funcionarios del área de infraestructura y transporte con representantes de las cámaras del sector. Tras varias horas de discusión, las partes coincidieron en sostener una instancia técnica de trabajo, pero sin avances concretos sobre los puntos más sensibles.

Desde la Secretaría de Transporte informaron que “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”.

El eje de la disputa se ubicó en los costos operativos, en especial el precio del combustible. Las empresas argumentaron que la estructura oficial quedó desactualizada frente al valor real del gasoil. En ese marco, desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor señalaron que “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”.

Esa diferencia impactó de lleno en la prestación del servicio. La reducción de frecuencias apareció como una respuesta directa de las compañías ante el aumento de costos, lo que afectó a miles de usuarios del AMBA en las últimas jornadas.

En paralelo, el Gobierno buscó marcar su posición respecto de los pagos al sector. Desde Transporte indicaron que se acreditó el anticipo correspondiente al mes de abril dentro del esquema de compensaciones tarifarias. El desembolso representó el 60% del total previsto para ese período.

El frente sindical también sumó presión. La Unión Tranviarios Automotor advirtió sobre posibles medidas de fuerza por atrasos salariales en algunas empresas. En ese contexto, el gremio sostuvo: “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Durante la reunión, las partes también revisaron alternativas para ordenar deudas pendientes y sostener la operatividad del sistema. Desde el Ejecutivo remarcaron que las actualizaciones aplicadas en febrero y marzo alcanzaron un incremento acumulado del 41%, con la intención de dar mayor margen de funcionamiento a las compañías.

La próxima instancia de negociación se fijó para el martes por la mañana, con una mesa técnica que buscará avanzar en un rediseño del esquema de transporte y en mecanismos de pago para regularizar los compromisos atrasados. Desde el Gobierno señalaron que “Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”.

El trasfondo del conflicto expuso un dilema central para la administración nacional. Un aumento de subsidios implicaría mayor presión sobre el gasto público, mientras que una suba del boleto impactaría en la inflación, que ya mostró señales de aceleración en los últimos meses. En ese equilibrio, la resolución del conflicto quedó abierta y con impacto directo en el servicio cotidiano.