Con el antecedente de un cierre de año con resultados legislativos acotados pero favorables, el Gobierno se prepara para encarar una nueva etapa en el Congreso. Tras haber logrado a fines de 2025 la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el oficialismo enfocará las sesiones extraordinarias en dos objetivos centrales: la reforma laboral y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En paralelo, ya proyecta los próximos pasos parlamentarios una vez superadas esas instancias.

De acuerdo a lo reconstruido, en el Poder Ejecutivo avanzan con la idea de retomar en los próximos meses dos iniciativas que habían sido impulsadas el año pasado, pero que no lograron avanzar en el trámite legislativo.

Una de ellas es el nuevo Código Penal, elaborado por una comisión especial de juristas convocada por el Poder Ejecutivo. La otra es la propuesta para reducir la edad de imputabilidad penal.

El proyecto de reforma integral del Código Penal incluso había sido incorporado al temario de las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, aunque finalmente no llegó a debatirse por la falta de consensos y porque la Casa Rosada optó por concentrarse en las leyes que sí terminaron siendo sancionadas.

En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad, la iniciativa había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, pero tampoco logró llegar al recinto debido a la resistencia de sectores opositores.

Ese texto proponía reducir de 16 a 14 años la edad mínima para juzgar penalmente a menores, con un tope de condena de 15 años y únicamente para delitos considerados graves.

Además, el proyecto priorizaba la aplicación de sanciones alternativas, como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas o mecanismos de reparación del daño.

En aquel momento, la propuesta reunió 77 firmas —cuando el mínimo requerido era 73— de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.

Sin embargo, el contexto político era adverso para el Ejecutivo, que aún no había ganado las elecciones y se encontraba en minoría en ambas Cámaras, donde la oposición bloqueaba los avances oficiales. Por ese motivo, la iniciativa nunca se votó.

Hoy el panorama es distinto y el Gobierno planea insistir con ambas reformas a través de un único proyecto de mayor alcance, que sería enviado al Congreso una vez iniciadas las sesiones ordinarias.

“Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, explicó uno de los impulsores de la iniciativa.

De este modo, la reducción de la edad de imputabilidad quedaría incorporada al nuevo Código Penal, algo que no estaba previsto en el diseño original, ya que la comisión redactora se había concentrado en actualizar el marco vigente, sumar nuevas figuras delictivas y endurecer algunas penas.

El equipo encargado de la redacción fue conformado a comienzos de 2024 e incluyó, entre otros, al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y al abogado Jorge Boumpadre, quien coordinó el trabajo.

Ese cuerpo presentó una primera versión del texto ese mismo año, con 540 artículos, pero el contenido siguió ampliándose hasta alcanzar un total de 912.

La versión final fue dada a conocer en diciembre durante una conferencia de prensa encabezada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la actual senadora Patricia Bullrich, en el marco de su salida del Ministerio de Seguridad.

El proyecto que el Ejecutivo busca reactivar introduce modificaciones relevantes en materia de corrupción, terrorismo y endurecimiento de condenas, entre otros puntos sensibles.

Entre los cambios más significativos, se propone no solo mantener la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sino también extenderla a otros crímenes como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiamiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.

Asimismo, se mantienen algunas leyes aprobadas en los últimos años, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y aunque fue motivo de fuertes discusiones internas, por el momento se conservan los agravantes cuando los delitos se cometen en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.

Entre las nuevas figuras penales incorporadas aparece el delito vinculado a los motochorros, redactado con mayor precisión para evitar ambigüedades; también se amplía el abordaje de la criminalidad ambiental, incluyendo la contaminación, y se perfecciona la tipificación del financiamiento del terrorismo.

En la antesala de la Navidad, el presidente Javier Milei reunió a su gabinete en la Quinta de Olivos y obsequió a cada ministro el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block, una obra que analiza diversas conductas sociales que, según el autor, no deberían ser penalizadas, como la prostitución, el narcotráfico o el aborto.

En ese trabajo, Block sostiene que el Estado no debería prohibir actividades voluntarias que no impliquen agresión a terceros, aun cuando generen rechazo moral o incomodidad social. El planteo se apoya en el principio de no agresión, uno de los pilares teóricos del libertarismo contemporáneo.