El 30 de diciembre de 2024, el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando cerró sus puertas de manera definitiva, poniendo fin a casi una década de servicio a la comunidad desde su inauguración en septiembre de 2015. Durante su funcionamiento, el CAJ atendió más de 15.000 consultas, convirtiéndose en un referente local para el acceso a derechos y servicios esenciales.

Despedidas progresivas y el cierre gradual

Según informaron los trabajadores del centro, el proceso de cierre se fue llevando a cabo a lo largo de 2024 mediante despidos escalonados y la falta de reemplazo de autoridades. Esta situación resultó en una paralización progresiva de las actividades del CAJ, afectando a un equipo interdisciplinario compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, dos abogadas y un administrativo. La falta de recursos humanos y directivos sumó incertidumbre a la ya grave situación.

Logros destacados durante su operatividad

A lo largo de sus años de servicio, el CAJ de San Fernando implementó varias iniciativas que marcaron un impacto positivo en la comunidad. Entre las más relevantes se destacan:

• Protocolo de intervención en casos de violencia de género: Este protocolo brindó acompañamiento a las víctimas en la formulación de denuncias y garantizó medidas de protección.
• Red de trabajo interdisciplinario: Fue la más amplia de la región, integrando diversas áreas gubernamentales como salud, educación, seguridad, justicia y género.
• Mediaciones comunitarias: Más de 3.000 mediaciones ayudaron a resolver conflictos vecinales, disputas por cuota alimentaria y problemas relacionados con el régimen de comunicación familiar.

Áreas más consultadas

El CAJ de San Fernando se destacó por su capacidad de atención en diversas problemáticas sociales y jurídicas. Las consultas más recurrentes incluyeron:

• Casos de violencia de género.
• Cuestiones familiares, como guarda de menores y pensiones alimentarias.
• Trámites relacionados con discapacidad.
• Acceso a documentación para migrantes.
• Consultas laborales vinculadas a derechos y conflictos.

Trabajo articulado con la red nacional

El CAJ formaba parte de una red nacional de 83 centros, lo que le permitía coordinar acciones y resolver trámites federales. Un caso destacado de esta red de colaboración fue el acompañamiento a un ciudadano uruguayo sin DNI, quien tras un año de gestiones logró obtener su residencia permanente.

El impacto del cierre

El cierre definitivo del CAJ de San Fernando representa una pérdida significativa para los vecinos de la zona, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. Durante sus años de funcionamiento, el centro garantizó un acceso igualitario a los derechos y servicios esenciales, contribuyendo al bienestar de la comunidad y la resolución de conflictos.

Con este cierre, se deja un vacío en la atención de problemáticas sociales y jurídicas. Muchas personas, especialmente aquellas más necesitadas, se ven ahora sin un recurso clave para resolver sus conflictos y acceder a la justicia. A pesar de ello, las autoridades aún no han anunciado medidas alternativas para cubrir esta ausencia, lo que genera una gran incertidumbre entre los vecinos que dependían del servicio.