La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA) expresó su rechazo al proyecto oficial que modificó la ley de glaciares y cuyo tratamiento quedó previsto en el Senado. La entidad pidió que el Congreso rechazara la iniciativa y sostuvo que la reforma afectó la disponibilidad de agua y debilitó los criterios de protección ambiental, sin aportar mejoras reales para la actividad minera.

En un comunicado firmado por su presidenta, Marta Litter, y su secretario general, Mariano Aguilar, la academia afirmó: “Las reformas a la ley 26.639 que se proponen podrían habilitar actividades tanto de minería como industriales, sin preservar las cuencas hidrográficas e hidrogeológicas proveedoras de agua para consumo humano, las requeridas para la agricultura, la ganadería y la protección de la biodiversidad, así como las necesarias para la información científica y útiles como atractivo turístico, que se enuncian como objetivos de la ley”.

El pronunciamiento se sumó a críticas de organizaciones ambientales y sectores científicos del país y del exterior. Todos coincidieron en señalar que el proyecto abrió la puerta a una mayor presión extractiva sobre áreas sensibles de la cordillera y del ambiente periglacial.

La propuesta contó con dictamen favorable en el Senado y buscó modificar artículos clave del régimen de presupuestos mínimos. El eje central del cambio otorgó a las provincias la decisión final sobre qué glaciares o zonas periglaciales protegieron como reservas estratégicas de agua. El Gobierno sostuvo que la reforma respondió a reclamos de provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta y que permitió habilitar proyectos hoy vedados.

Desde la AACA advirtieron que esa delegación de facultades introdujo criterios desiguales y debilitó el rol de la Nación. Sobre el artículo primero, la entidad señaló que la redacción “sorprende al establecer que la ley deberá ser interpretada según lo dispone la Constitución nacional, como si la ley pudiera ser interpretada de otra forma”. También alertó por posibles conflictos entre autoridades nacionales y locales.

El cuestionamiento más fuerte apuntó al artículo tercero bis, que incorporó un criterio precautorio condicionado. Según el texto oficial, un glaciar o zona periglacial quedó protegido “hasta tanto” la provincia “verifique la inexistencia” de funciones de reserva hídrica. Para la academia, ese enfoque contradijo la normativa ambiental vigente. En ese sentido, recordó que la ley general del ambiente definió que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Especialistas y ambientalistas remarcaron que la ley actual funcionó como un piso común de protección, permitió realizar estudios sistemáticos y frenó decenas de proyectos extractivos sobre glaciares. También subrayaron que los glaciares alimentaron cuencas que abastecieron a millones de personas y sostuvieron actividades productivas en varias provincias.

El debate superó el plano ambiental. Distintos actores plantearon que la protección del agua constituyó un tema estratégico, con antecedentes de conflictos interprovinciales y regionales. Desde ese enfoque, sostuvieron que modificar la ley significó asumir riesgos sobre un recurso clave para el desarrollo, la seguridad y la estabilidad social del país.