La fiscal Betina Lacki pidió este jueves la prisión preventiva del ex concejal massista, Facundo Albini y de su padre, Claudio, ex subjefe de Personal de la Cámara de Diputados provincial involucrados en el escándalo de las tarjetas de débito que usaba el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau.

Según confirmaron a Clarín en los Tribunales de La Plata, la fiscalía que tiene a su cargo la investigación presentó el pedido ante el juez de Garantías, Guillermo Atencio. El magistrado tiene cinco días para resolver pero todo indica que los Albini seguirán detenidos hasta que se termine el proceso y se llegue al juicio oral. Es decir, estarán varios meses, tal vez un par de años en una celda.

Si se confirma la preventiva, el edil que renovó su banca en la lista del actual intendente platense Julio Alak y su padre serán trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Ahora están alojados desde el 22 de noviembre en una alcaidía de Melchor Romero. Ese día se entregaron en una comisaría de La Plata y se pusieron a disposición de la Justicia después que se conoció su pedido de detención.

Albini fue concejal entre 2019 y 2023 y lo reeligieron para volver a la banca. Pero quedó detenido antes de asumir. Igual, los concejales no tienen fueros.

Los Albini y Rigau están imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado bonaerense. Se los acusa de quedarse con por lo menos 800 millones de pesos de la Cámara de diputados. La maniobra que descubrió la justicia consistía en quedarse con el dinero de supuestos empleados legislativos contratados.

“Chocolate” Rigau fue detenido el 9 de septiembre cuando cargaba dinero que sacaba de 48 tarjetas de débito pertenecientes a presuntos agentes administrativos del parlamento provincial.

El mecanismo resultaría una práctica habitual para el financiamiento de actividades políticas. Rigau es un puntero del PJ ligado al Frente Renovador y reportaría a Facundo Albini, apoderado de esa fuerza política en Buenos Aires.

Claudio Albini fue por años uno de los responsables del área donde se registran y habilitan los agentes administrativos y contratados en la cámara baja provincial.

Cuando fueron detenidos, Atencio argumentó que había pruebas para “por ahora acreditar que, aproximadamente desde mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas, el Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su hijo y un contratado por dicha institución [Rigau] integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.

Para eso –según el juez-lograron la participación de 48 personas, “quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”.

Esta maniobra constituyó el delito de defraudación a la administración pública que también les imputan a los tres detenidos de la causa.

Lacki obtuvo pruebas fundamentales del celular de Rigau, que se abrió y peritó con el aporte de expertos informáticos de la Procuración. Allí habrían surgido conversaciones en las que “Chocolate” decía que “tengo que rendir ahora porque Claudio está en Brasil”. Lacki sospecha que se refería a Albini padre. Y constató que en esa fecha, estaba justamente en el vecino país.

Esas y otras conversaciones llevaron a imputar a los dirigentes y a Rigau –quien ya está con preventiva- en una asociación ilícita. Según informaron en Tribunales a Clarín, el requerimiento de esta medida de coerción está sustentado en estos y otros indicios reunidos por la fiscalía. Atencio ya trabaja en el dictamen para responder ese pedido.

Lacki entiende que los dirigentes de vinculo estrecho con resortes del poder provincial deben permanecer detenidos durante le proceso para evitar “obstaculizar” las acciones investigativas.