El teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani fue Director de Inteligencia del Ejército y desde allí tejió políticamente para llegar al lugar más alto al que puede aspirar un integrante de esa fuerza armada. Ocupó entre 2013 y 2015 el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Tiene aún que responder ante la justicia en causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y por eso recibió cuestionamientos del prestigioso Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS). Proclamó su adhesión al "proyecto nacional y popular" del kirchnerismo. Y hoy fue procesado-sin prisión preventiva- por el delito de enriquecimiento ilícito.

Milani, según lo determinó el juez federal Daniel Rafecas, no pudo justificar un préstamo de 200.000 dólares que le hizo Eduardo Barreiro para comprar una enorme casa en el barrio de La Horqueta, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Barreiro, retirado como capitán del Ejército, amigo de Milani, veterano de Malvinas y detenido por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, fue procesado como testaferro del general.

En 2010 Milani compró una casa en La Horqueta por $1.500.000. En 2013, cuando asumió como Jefe del Ejército, fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Desde 2015 hasta que terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la maquinaria judicial del kirchnerismo hizo todo lo posible por evitar que el caso del enriquecimiento de Milani avanzara. Pero terminó el gobierno que primero lo encaramó y luego lo bajó del cargo de Jefe de Ejército y los tiempos judiciales cambiaron.

Un peritaje oficial determinó que Milani no pudo justificar sus gastos y en especial la compra de la casa de San Isidro. Cuando comenzó la investigación sobre su patrimonio, Milani explicó que 200.000 dólares que le faltaban para comprar esa costosa propiedad habían sido obtenidos a través de un préstamo "de mutuo" que firmó en una calurosa noche de diciembre de 2009 con Barreiro. Ninguno de los dos había asentado la existencia del préstamo en las declaraciones juradas impositivas.

Para los investigadores judiciales, ese préstamo no existió. Así lo señaló Rafecas en el procesamiento.

Sobre la maniobra para justificar el préstamo, el juez Rafecas afirmó que: "Las observaciones antes efectuadas, lejos de acreditar sólidamente la existencia del préstamo dinerario, colocan a todos los esfuerzos efectuados por los acusados en acreditar con los documentos privados y públicos antes aludidos en una clara maniobra de simulación de actos jurídicos posteriores a la compra del inmueble ubicado en San Isidro (con excepción del mutuo que consta de fecha 21 de diciembre de 2009, pero que no ha sido celebrado con las solemnidades de un documento público que permitan aventar toda sospecha de colocación de una fecha antedatada). Los intentos efectuados por los imputados para explicar el supuesto préstamo dinerario reflejado en el mutuo privado, no permiten siquiera sostener que haya existido en la forma que los imputados indicaron, por el contrario, los elementos reunidos en esta causa, e inclusive, aquellos que también fueron aportados por las defensas, no lograron desvirtuar el estado de sospecha que habilitara el llamado a prestar declaración indagatoria acerca de las inconsistencias advertidas en el patrimonio de Milani y cuyo punto crítico resulta ser la adquisición de la casa ubicada en el Barrio de La Horqueta, San Isidro, Provincia de Buenos Aires".

En principio, según la causa judicial el préstamo alegado como coartada por Milani-Barreiro no existió. Para intentar emprolijar la situación, Milani y Barreiro firmaron una escritura mediante la que el préstamo quedaba saldado. El general –teóricamente-le vendió el departamento del barrio de Belgrano a Barreiro. Esa operación sí fue asentada ante escribano, algo que no había sucedido cuando firmaron el préstamo. Para el juez, la compra-venta del departamento también fue una simulación.

Rafecas explicó que "así, en virtud de lo narrado, me encuentro en posición de afirmar, para esta etapa provisoria, propia de la instrucción penal, que el préstamo en dinero por los u$s 200.000 alegado por Milani debe reputárselo como inexistente, y que en su intento de justificar las sumas señaladas, Milani se valió de la intervención de una persona de su máxima confianza, compañero de armas y amigo, Eduardo Barreiro, como persona interpuesta, para así pretender simular, a través de la tardía confección de un instrumento privado –contrato de mutuo- un préstamo en dinero que reflejara ex post la cantidad que Milani necesitaba para justificar la compra de la casa, simulando a su vez, la venta del departamento de la calle Moldes 2376 de esta ciudad a Barreiro, a través de la escritura traslativa de dominio N° 270 de fecha 16 de noviembre de 2010, como excusa de la cancelación al supuesto "préstamo" cedido por el nombrado, culminando finalmente, para hacer conciliar la construcción de las maniobras de ocultamiento acerca del real origen de los fondos utilizados por el nombrado -hasta hoy desconocidos-, la concreción de un contrato de extinción de obligaciones –ante Escribano Público- respecto al supuesto mutuo celebrado.

El juez agregó: "Pero como vimos, el prestanombre que Milani se procuró tenía un déficit elemental, a saber, su modesta condición económico-financiera, que quedó al desnudo al contemplarse sus ingresos formales como militar retirado y empleado bancario, y sus declaraciones juradas, tanto anteriores como posteriores, que reflejaron especialmente, que no tenía un solo dólar ahorrado en los años anteriores, por lo que mal podía estar en condiciones de prestar doscientos mil de ellos a un tercero. Para colmo, mediante un supuesto préstamo suscripto en forma precaria, mediante un documento privado, sin fecha certificada, sin testigos y sin intervención notarial. Si Barreiro hubiese sido multimillonario podría tener alguna cabida semejante acto de temeridad (pues un incumplimiento o desconocimiento no haría gran mella en su patrimonio), pero no era el caso. Sorprendentemente, las razones lógicas que movieron a los imputados a firmar ante escribano la venta y cancelación del mutuo, basadas en resguardos familiares acerca de lo que estaba sucediendo, con mucha más razón debió guiarlos a hacer lo propio al momento de la firma del mutuo, lo cual, llamativamente, no sucedió. Esta falta de lógica y actuación contradictoria de los acusados no deja de ser otro elemento de sospecha que alimenta la tesis acusatoria aquí sostenida. Pero eso no ha sido todo, ya que una maniobra con este nivel de audacia debió necesariamente verse acompañada por un esfuerzo de cobertura de las operaciones de simulación, mediante su necesario reflejo –previo y posterior- en las presentaciones ante el Fisco u otros entes, tanto de Milani como de Barreiro, en especial en 2010. Sin embargo, esto no ha sido así (nunca en el caso de Barreiro, y tardíamente en el caso de Milani), lo cual una vez más, deja huérfana las versiones de los imputados y consolida en cambio la hipótesis de la acusación".

Rafecas concluyó: "Por ello, habiéndose corroborado el incremento patrimonial apreciable de Milani, y que el mismo no encuentra justificación en el descargo por él efectuado ni en el de Barreiro, ni en sus ingresos declarados, encuentro acreditado, en consecuencia, que el incremento que ha importado la suma indicada para adquirir la casa de San Isidro por un valor de $ 1.500.000, reviste no sólo el carácter de "apreciable", al cual alude la figura penal en cuestión, sino también el carácter de "injustificado".

El juez Rafecas firmó una resolución de más de 400 páginas. En ella se estableció que Milani se enriqueció ilícitamente como funcionario público. Fue en la época en que compró la casa de La Horqueta, cuando era Director de Inteligencia del Ejército y había iniciado su camino hacia el cargo más importante que ocupó: Jefe de Ejército. Lo que la investigación no pudo determinar es de dónde salieron los fondos.