A mitad de 2016, el Estado nacional (bajo la jefatura de Mauricio Macri) lanzó el primer relevamiento nacional de barrios populares con el fin de dimensionar la problemática de la informalidad urbana en la Argentina.

En la iniciativa participaban la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Anses, junto a espacios  de la sociedad civil como Techo y organizaciones sociales representadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, además de la Iglesia Católica argentina, representada a través de Cáritas.

La entonces ministra Carolina Stanley informaría tiempo después que, a fines de diciembre de 2016, había 4416 villas y asentamientos, en los que 935.000 familias (unas 4 millones de personas) viven sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo que habitan.

Luego del relevamiento, se creó por decreto presidencial el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y al año siguiente, en octubre de 2018, fue sancionada la ley 27.453, con apoyo unánime Congreso.

La norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años, y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. Además, sentó las bases de su financiamiento a través de un fideicomiso.

Luego, con la llegada de María Eugenia Bielsa al ministerio de Hábitat, la cartera absorbió a la Secretaría de Integración Socio Urbana. La designación del nuevo secretario tomó tres meses. Juan Grabois pujaba por ese lugar, ya que se sentía padre del proceso, pero a los demás movimientos sociales no les gustaba la idea.

Finalmente, aceptaron su candidata, la docente y vecina de La Cava, Fernanda Miño, que fue con su equipo, entre ellos, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, quien sería la verdadera ejecutora de Grabois en estos complejos asuntos.

Bielsa no le dio las herramientas necesaria a Miño, pero tampoco la desplazó de la secretaría, por lo que este año no hubo avances en la materia. Quien sí pudo lograr un traslado fue Gabrois, por lo que el área de Miño pasó a Desarrollo Social, de Daniel Arroyo.

El último jueves, el mismo día que se reunió en Casa Rosada con Santiago Cafiero para acordar los términos de la designación en el Ministerio que recién al día siguiente apareció en el Boletín Oficial, el equipo de comunicación de Desarrollo Social emitió un comunicado de prensa informando que Arroyo y Miño habían puesto en marcha el Fideicomiso en cuestión, a través del acuerdo para su administración que firmaron con el BICE.

QUÉ DIJO DANIEL ARROYO

“Empezamos la política de urbanización más relevante de los próximos años”, dijo Arroyo. “Estoy convencida de que es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones impulsando el loteo social”, afirmó Miño.

De esta forma “primerearon” a Ferraresi, quien pretendía llevarse de nuevo el área al Ministerio de Hábitat para quedarse con la partida de 11.000 millones de pesos,que  podría incrementarse en 45.000 millones más si se aprueba el impuesto a la riqueza y -teóricamente- puede llegar a 26.000 millones de dólares, Grabois le puso un límite, en alianza con Arroyo y -se supone- buena parte del Gobierno.