Mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para definir si confirma o rechaza la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la llamada “causa Vialidad”, distintos juristas y peritos señalan que el expediente presenta vicios técnicos insalvables y nulidades que comprometen la legitimidad del proceso.

Uno de los datos más contundentes surgió del peritaje oficial que, lejos de respaldar la acusación, desmintió sus principales fundamentos. El perito ingeniero designado por el Gobierno de Mauricio Macri, a través del entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, aseguró que “no hubo rutas sin construir, ni sobreprecios”, y que no comprendía “qué elementos sacaron de su auditoría para hacer una denuncia”. El perito, cuya función era precisamente la de determinar si existieron delitos en la ejecución de la obra pública en Santa Cruz, no sólo descartó irregularidades, sino que puso en duda el sentido mismo de la acusación.

El video que expone la inocencia de @CFKArgentina.
El perito contratado por el PRO, mediante Iguacel, dice claramente que no hubo rutas sin construir, ni sobreprecios, y que no entiende qué elementos sacaron de su auditoría para hacer una denuncia.
Es todo un escándalo. pic.twitter.com/GvvLBLmIRH

— Editor✍ (@Editor_76) June 10, 2025

El dato no es menor: la acusación fiscal se basó en un supuesto direccionamiento de obras a favor de Lázaro Báez, acompañado de sobreprecios y obras inconclusas. Sin embargo, ni el informe técnico ni los testimonios de los jefes de Gabinete de la época avalaron esa narrativa. Todos coincidieron en que los pagos correspondían a obras efectivamente ejecutadas y que no existían desvíos económicos.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat recordó que la causa ya había sido cerrada antes de ser reabierta bajo el gobierno de Macri. Para él, esa reapertura constituye una de las “dos graves nulidades” que arrastra el proceso. “Era una causa ya cerrada que fue abierta nuevamente para reiniciar la persecución contra Cristina”, afirmó. La segunda nulidad radica, según Barcesat, en el artículo 100 de la Constitución Nacional, que establece que los actos administrativos deben ser refrendados por el jefe de Gabinete, y no por el presidente. En ese punto, enfatizó que todos los jefes de Gabinete de la gestión Kirchner —entre ellos Alberto Fernández, Sergio Massa y Aníbal Fernández— negaron cualquier tipo de anomalía en la asignación de obras.

También Raúl Heredia, doctor en Derecho y convencional constituyente, calificó a la causa como “ilegítima desde el inicio hasta la sentencia”. Heredia subrayó que no sólo referentes del peronismo cuestionaron el proceso. “Mariano Cúneo Libarona —actual ministro de Justicia de Milei— reconoció que no se siguieron las reglas del debido proceso. También lo dijeron Antonio María Hernández, Barra y el presidente de la Corte de Santa Fe. Ninguno de ellos es kirchnerista”, puntualizó.

Una de las maniobras que más polémica generó fue el rechazo exprés de la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, quien votó en una causa en la que se encontraba recusado. “Es un disparate jurídico. Un juez no puede votar su propia recusación. Eso debió resolverse llamando a un conjuez”, señaló Heredia, al tiempo que criticó la falta de imparcialidad estructural que empañó todo el expediente. “Los jueces jugaban al fútbol con el fiscal y con Macri. Es una vergüenza”, remató.

Desde un punto de vista técnico, también se cuestiona el método de análisis utilizado para determinar los presuntos sobreprecios. Según expertos consultados, los cálculos se basaron en promedios nacionales que no contemplan las particularidades de construir en zonas como la Patagonia, donde los costos logísticos y climáticos son significativamente mayores. Al no existir un parámetro técnico uniforme ni riguroso, la imputación de “sobreprecios” pierde consistencia.

Además, la figura de “asociación ilícita” que se quiso imputar a Cristina Fernández se construyó sin evidencia directa ni pruebas documentales. En una causa penal, eso representa una deficiencia básica: no puede haber condena sin prueba fehaciente. Aun así, el fiscal Diego Luciani pidió elevar la condena incorporando esa figura, en una maniobra que varios constitucionalistas interpretaron como un intento de proscripción más que de justicia.

En este contexto, las voces técnicas y jurídicas más críticas advierten que la Corte Suprema se encuentra ante un dilema institucional: si convalida la condena, legitima un proceso con irregularidades sustanciales; si la revisa a fondo, debe enfrentarse a los sectores políticos y mediáticos que impulsaron el juicio. Para Heredia, lo más probable es que “la Corte rechace la queja”, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto pero dejando firme la sentencia. Eso tendría efectos políticos inmediatos, especialmente si ocurre antes del 19 de julio, fecha límite para la oficialización de candidaturas legislativas.

Así, la causa Vialidad parece menos una investigación penal rigurosa que una operación político-judicial sostenida con argumentos endebles y procedimientos viciados. Con peritos que desmienten las imputaciones, normas constitucionales vulneradas y jueces parcializados, el fallo que se avecina dirá mucho más sobre el poder judicial argentino que sobre la expresidenta condenada.