Por disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la Justicia realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en el marco de la causa que investiga los vuelos en helicóptero hacia una lujosa mansión ubicada en Pilar, atribuida a Pablo Toviggino. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que se presentaron nuevamente en instalaciones clave del aeródromo.

En esta oportunidad, los agentes se dirigieron al hangar de la empresa Flyzar con el objetivo de recolectar documentación considerada central para la investigación. Entre los papeles solicitados se encuentran órdenes de vuelo y nóminas de pasajeros, elementos que permitirían reconstruir quiénes se trasladaron en las aeronaves hacia la propiedad situada en la localidad de Villa Rosa.

Durante el operativo, el personal de la PSA fue atendido por Felipe Carmona Natta, responsable de la firma Flyzar, quien entregó la información requerida por la Justicia. Se trata del segundo procedimiento de este tipo en el mismo lugar: el primero se llevó a cabo el pasado 30 de enero, cuando se ordenó el secuestro de registros de vuelos, seguros de los helicópteros, órdenes operativas y listados de pilotos que realizaron trayectos hacia la mansión.

La investigación apunta a dilucidar quién es el verdadero titular del inmueble y cuál fue el origen del dinero utilizado para su adquisición. Si bien la propiedad figura formalmente a nombre de la sociedad Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, los registros indican que la compra se concretó en mayo de 2024 por un monto de 1.800.000 dólares. Sin embargo, una tasación oficial valuó la finca en alrededor de 17 millones de dólares.

A partir de esa diferencia, los investigadores consideran que Pantano y Conte podrían actuar como presuntos prestanombres, ya que su situación patrimonial no coincidiría con una inversión de semejante magnitud. Por ese motivo, la Justicia analiza si existirían terceros beneficiarios detrás de la operación.

El expediente busca determinar quiénes fueron los pasajeros habituales de los helicópteros y qué tipo de carga fue trasladada hacia la mansión. El foco está puesto en establecer si entre los vuelos hubo dirigentes de la AFA y si se produjeron movimientos irregulares de bienes o dinero.

La causa, centrada en el análisis del patrimonio y los desplazamientos de la cúpula del fútbol argentino, se inició a partir de una denuncia impulsada por la Coalición Cívica. En un primer momento tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky y, tras un cambio de jurisdicción que generó controversia, quedó finalmente radicada en Campana.