La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en el día de ayer la Ley de Emergencia Social con 227 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. En líneas generales, los aspectos fundamentales son que la “emergencia social” se prolongará durante todo el mandato presidencial de Mauricio Macri, o sea hasta 2019. Esto también implica que se destinará en ese período $30.000 millones del presupuesto nacional a las necesidades de la denominada economía popular de las organizaciones sociales.

Esos fondos serán, según reza el texto de la ley, para garantizar "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional" a los trabajadores de la economía informal.

El dinero será manejado por el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario (Cepssc), organismo que surge a través de esta ley. Estará conformado por seis miembros. En dos partes iguales estarán representados el sector de las organizaciones sociales y el gobierno a través de representantes de los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y Hacienda, respectivamente. Además, otro de los objetivos que tendrá será reconvertir los planes existentes en un salario social complementario con iguales derechos y beneficios que los que tienen los trabajadores registrados. También, crea el Registro Nacional de la Economía Popular, en el que deberán inscribirse los beneficiarios de la emergencia social.

227 diputados votaron a favor. Sólo cuatro, todos de la izquierda, lo hicieron en contra; argumentan que el gobierno los está “cooptando” para evitar protestas sociales ni conflictos hasta 2019. En tanto, hubo una única negativa de parte del salteño Alfredo Olmedo. “Les están dando plata por no trabajar y encima les aumentan el subsidio. Paren la mano, prueben laburando. Esta ley fomenta la vagancia”, dijo.

La semana que viene el proyecto entrará a la Cámara Alta. No se esperan mayores dificultades para su aprobación.

En cuanto a las organizaciones sociales, no todas apoyaron. CTEP, Barrios de Pie y la CCC junto al Frente Darío Santillán adhirieron al proyecto de ley. En tanto, las organizaciones como Quebracho, Resistencia Popular y la Tupac Amaru junto a agrupaciones políticas como la izquierda trotskista y el Polo Obrero, la rechazaron tajantemente.