Desde el próximo martes, Eduardo Duhalde y Elisa Carrió protagonizarán lo que promete ser un juicio de muy alta repercusión mediática. Ese día, a las 11 y media de la mañana, ambos podrán estar ante la jueza María Servini de Cubría, en el marco del juicio por calumnias e injurias iniciado por el ex presidente de la Nación contra la diputada electa por el Acuerdo Social y Cívico.

La querella fue presentada en 2007, a raíz de declaraciones que la dirigente de CC-ARI realizó dos años antes. Las partes fueron informadas sobre el comienzo del juicio recién la semana pasada y cuando el caso estaba cerca de la prescripción. Allegados a Carrió confirmaron que la acusada “estará presente en todas las jornadas”.

Durante una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá, ante una pregunta del periodista sobre la pelea entre el duhaldismo y el kirchnerismo por el control del Partido Justicialista, Carrió había dicho que jamás haría una alianza con Duhalde y, para explicar su negativa, afirmó que era el “responsable político de la droga en la provincia de Buenos Aires”. Aquella acusación fue formulada en 2005 y el ex presidente demoró dos años en presentar la querella que llegará a juicio la semana que viene.

En la primera audiencia del juicio, que se desarrollaría en el propio despacho de Cubría, la magistrada tomará seis declaraciones testimoniales. Se trata de tres testigos por cada una de las partes.

La defensa de Carrió intentará desvirtuar la acusación contra la dirigente anti-K diciendo que se trata de un caso de “libertad de expresión” y expondrá que la legisladora electa sólo hizo “una valoración de tipo político”. Sus testigos apuntarán a graficar el escaso control del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y a marcar las responsabilidades políticas de esa situación.

En este juicio, Duhalde es representado por abogados del estudio Vecchi y Asociados, encabezado por el doctor Alejandro Vecchi. Este letrado intervino en el caso Cabezas como abogado de la familia del reportero gráfico asesinado y fue indultado por Duhalde en 2002, a raíz de una condena por estafa a dos años y medio de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer su profesión.

Carrió ya salió ilesa de otra demanda que había sido iniciada por Héctor Eduardo Antonio, hijo del fallecido empresario peronista Jorge Antonio. En 2003, la líder de CC-ARI había pedido que el amigo de Perón fuera investigado en el marco del asesinato del empresario pesquero santacruceño Raúl “Cacho” Espinoza. Entonces, el juez Roberto Parrilli consideró que sus expresiones fueron vertidas en el marco de la “libertad pensar, hablar y escribir”. En aquella causa, Carrió zafó de pagar una indemnización de 300 mil pesos.