La recta final de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay abrió una disputa que excedió el terreno técnico y comercial. La definición sobre quién controlará durante los próximos 25 años la principal vía de salida de las exportaciones argentinas quedó atravesada por denuncias judiciales, sospechas de direccionamiento y una trama de relaciones personales que conectó al corazón del Gobierno con empresarios de fuerte expansión durante la gestión libertaria.

El proceso licitatorio entró en su etapa decisiva luego de que las dos firmas belgas que siguen en carrera, Jan de Nul y DEME, presentaran exactamente la misma propuesta económica. Ambas ofertaron una tarifa inicial de 3,80 dólares por tonelada de registro neto para operar la Vía Navegable Troncal. Sin embargo, dentro del Gobierno admitieron que Jan de Nul quedó mejor posicionada tras la evaluación técnica.

La empresa belga arrastra además una ventaja central: ya opera sobre el Paraná a través de la Compañía Sud Americana de Dragados y cuenta con infraestructura instalada en el río. Ese punto apareció en el centro de una denuncia penal que ingresó en Comodoro Py y que apuntó directamente contra funcionarios nacionales, empresarios y firmas privadas.

La presentación judicial incluyó menciones a Santiago Caputo, Luis Caputo, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y el grupo Neuss. Los denunciantes sostuvieron que existió una maniobra para favorecer a Jan de Nul mediante la confección de un pliego “a medida”.

Uno de los cuestionamientos principales se concentró sobre la exigencia técnica de alcanzar 44 pies de calado de forma inmediata. Según el escrito, esa condición dejó fuera de competencia a potenciales interesados y benefició exclusivamente a la actual operadora del dragado.

“Es una licitación con un solo corredor”, afirmó la denuncia. Luego agregó: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.

La causa también puso el foco sobre el futuro manejo del peaje de la Hidrovía. Según los denunciantes, el esquema que impulsa el Gobierno devolvería al concesionario privado la facultad de recaudar directamente los ingresos millonarios del corredor fluvial.

“Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, señalaron.

Pero detrás de las sospechas sobre la licitación apareció otro nombre clave: el de la familia Neuss. El grupo empresario quedó mencionado en la denuncia en medio de las versiones sobre su creciente cercanía con el núcleo de poder libertario.

La relación entre Santiago Caputo y Juan Neuss no nació con el Gobierno de Javier Milei. Ambos construyeron un vínculo desde la infancia en el country Martindale de Pilar y mantuvieron contacto permanente durante décadas. Dentro del mundo empresario, esa cercanía alimentó especulaciones sobre el peso político que los Neuss ganaron desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.

Los hermanos Juan y Patricio Neuss protagonizaron una fuerte expansión en el negocio energético durante el último año. Pasaron de controlar una distribuidora regional en Río Negro a participar en generación, transporte y distribución eléctrica a escala nacional.

En paralelo, consolidaron vínculos con el ecosistema libertario. Aportaron fondos a la Fundación Faro, ligada al oficialismo, y facilitaron espacios para reuniones políticas y empresariales del entorno presidencial.

La denuncia judicial incluso mencionó supuestas reuniones informales entre asesores de Santiago Caputo y representantes técnicos vinculados a Jan de Nul para “pulir” detalles del pliego licitatorio. También habló de desplazamientos internos dentro del área de Puertos para correr técnicos que cuestionaban costos y condiciones del proceso.

“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirmó la presentación.

Desde el Ejecutivo rechazaron las acusaciones y defendieron la transparencia del proceso. El director de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, celebró que las empresas no presentaron impugnaciones y destacó el impacto económico de la nueva tarifa.

“Por primera vez podemos comparar ofertas económicas y llegamos sin impugnaciones. Va a bajar el costo de la logística y mejora el costo argentino, la competitividad de nuestras exportaciones”, sostuvo.

El Ministerio de Economía también remarcó el respaldo de entidades empresarias y exportadoras al avance de la licitación. La Hidrovía concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y representa un negocio estratégico para el complejo agroexportador.

Sin embargo, el expediente judicial abrió un frente político delicado para el Gobierno. La combinación entre negocios millonarios, privatizaciones sensibles y vínculos personales entre empresarios y funcionarios volvió a instalar dudas sobre quiénes orbitan cerca del verdadero centro de poder libertario.