La presencia de dirigentes de la oposición política fue la nota que distinguió la marcha del 18 A de las realizadas el año pasado. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo quién contiene o puede representar a los indignados.
Uno de los acontecimientos más notorios de la semana, junto con el tratamiento de los proyectos de ley de democratización de la Justicia y la sentencia del caso "Ferreyra" fue el cacerolazo opositor al gobierno autodenominado "18A".
Si este hecho se analiza en clave comparativa al "8N", seguramente se podrá decir que hubo menos manifestantes y más dirigentes políticos opositores. Asimismo se percibía que los ánimos estaban más aplacados, y no por un apaciguamiento de la irritabilidad, sino por el aprendizaje táctico de no quedar en evidencia con argumentos antidemocráticos marcados por el odio y la intolerancia.
Ciertos argumentos, lógicas y consignas que se repitieron en los últimos tres cacerolazos muestran la faz "trágica" de la política. Es decir, aquello que es irremediable, como una guerra de lo "justo" contra lo "justo". Jamás podrá existir síntesis posible con aquellos, que si bien tienen el derecho de ostentar recursos sociales, materiales y simbólicos, también sienten un placer psíquico al evidenciar que hay otro que no tiene, que es pobre, que es un expoliado, un invisible, un otro que es menor que yo. El odio fluye cuando un proyecto político desde el Estado encara la titánica tarea reparadora destinada a quebrar este estado de situación. Es en este marco que en el proceso de democratización del goce de los sectores populares el peronismo se vuelve un factor de irritación, un hecho maldito.
Los reclamos fueron varios, y algunos involucraban directamente al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Lo más repetido, la inseguridad, la inflación, la cuestión judicial, o el todavía no discutido proyecto de reforma de la Constitución. A priori, no hay que ningunear los planteos, y es factible y necesario tomar nota de algunas cuestiones, lo que no puede ocurrir es que nuestro proyecto cambie su agenda, que traicione su programa político y sus principales iniciativas, que fueron votadas por casi el 55% de la ciudadanía.
Esta situación pone en evidencia la lógica de funcionamiento de una república. Presuponer que ésta es un decálogo de buenas prácticas, o negar que el conflicto político en una sociedad plural es la base para encontrar consensos superadores, muestra un profundo desconocimiento sobre el comportamiento intrínseco de "la política", que es el avance de la sociedad a través del conflicto y el acuerdo de forma permanente.
Esta es la cuestión medular del debate; ¿quién contiene y representa a los sectores que no se identifican con el Gobierno?, ¿Cómo se canalizan estas discusiones para alcanzar estados de síntesis?
Si la república es un espacio de síntesis social, pero que parte de una arena de "particularidades" con una relación dialéctica entre las partes y lo universal, la vocación de representar intereses y de construir alianzas debe contemplar valores, deseos e intereses comunes.
Si bien la democracia se nutre y se profundiza con la conquista de derechos y más justicia social para las mayorías, este sistema debe contemplar como variable central el rol que juegan los partidos, por ahora irreemplazables, en la canalización social de las distintas demandas y en la conducción política del Estado.
En este escenario la oposición parece no encontrar rumbo y queda expuesta a repetir errores estratégicos y tácticos. La falta de liderazgo y su débil performance para entablar la contienda electoral y política los lleva a conformar acuerdos con los sectores corporativos más retardatarios, quedando en "offside" ante una conjetura bastante aceptada, que presenta la idea de estos 10 años como una etapa de reparación, una década ganada ante el decadente periodo 1976-2001, en el cual la principal hipótesis de conflicto está dada por un proceso de "secularización" del Estado y la "política", respecto de las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales.
Si lo que está en disputa es la supremacía de la política sobre el poder económico, el primer acuerdo que debería existir entre las fuerzas políticas, aun adversarias, sería el de alcanzar ese grado de soberanía y autonomía, y, en una segunda etapa, si entablar entre las distintas fuerzas la disputa política electoral que permitiría institucionalizar los proyectos en pugna.
Cuando una corporación bendice a un candidato no está eligiendo a un representante, sino que está pensando a quién pondrá de rodillas en el corto plazo.
En relación con el liderazgo, las figuras opositoras tienen atributos de "mariposas", tienen poca durabilidad, sustancia y trascendencia.
Los desafíos en esta etapa son muchos y el escenario económico mundial y geopolítico es de gran complejidad. La etapa de "institucionalización del modelo" que se inició en 2011, requiere ir avanzando a paso firme cristalizando las conquistas y si es posible institucionalizando jurídicamente el nuevo paradigma social, económico, cultural y político, construido en la última década.
A pesar de esta complejidad, contamos con condiciones que no se perciben en otros lados, y es la cuestión del liderazgo. Además de los logros y la fortaleza organizativa de nuestra fuerza, la Presidenta es la única que reúne atributos medulares para la conducción de un proyecto de país, que son el ejercicio de liderazgo estratégico sobre un proyecto con identidad política, con sustento ideológico, y tradición cultural.
