Por César Morielli

El Gobierno Nacional avanzará en la rescisión de las concesiones viales adjudicadas durante el macrismo bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Hace algunas semanas desde el Ministerio de Obras Públicas habían advertido que se revisarían los contratos que existen para las principales rutas y autopistas. Ahora, confirman desde la cartera que comenzará el proceso administrativo y legal para evaluar dar de baja las concesiones de esos contratos.

Se revisará el proceso de adjudicación y el financiamiento que comprometieron las empresas adjudicatarias. El detalle a tener en cuenta es el Monto Inicial de Garantía de Cierre Financiero, igual al 2% del total requerido. Luego de 21 meses de incumplimiento, esa cifra sube al 2,5%. Ese plazo se cumplió el 1 de mayo pasado en todas las suscripciones que se firmaron bajo el gobierno anterior.

En los contratos se especifica que si los contratistas de la PPP no cumplen con ese requerimiento, que está regulado por el monto de cada obra, pueden ser plausibles de extinción del compromiso.

En el Ministerio aseguran que las empresas firmaron los contratos aún sabiendo que no podrían conseguir el financiamiento debido a la conocida situación macroeconómica del país desde hace 2 años. Y que lo hicieron bajo presión de la anterior gestión.

La decisión de avanzar sobre las rescisiones quedó oficializada en dos notas del 14 y 15 de julio firmadas por el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y el administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta. Allí, se insta a “proseguir el trámite de evaluación de distintas causales de extinción de contratos de las PPP”. Los gerentes de Planeamiento y Concesiones, Gerardo Tarchinale, y de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Prada, encabezarán los encuentros con las empresas y UTEs.

En total, hay cinco grupos concesionarios que serán notificados en los próximos días. Los directivos esperan una modificación de los contratos para mantener el cobro de peajes y las obras más importantes. Algunos incluso especulan con una avanzada en el terreno judicial.

Los PPP viales estaban a cargo de las empresas Paolini y Vial Agro (Corredor A), Green y el grupo chino CCA (Corredor B); Cartellone (Corredor C), Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (E y F) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur).

Todos los contratos revisados habían comenzado a mediados del 2018, cuando el expresidente Macri anunció el programa, y contemplaba obras por 6.000 millones de dólares. El financiamiento sería de empresas privadas y entidades bancarias y financieras, y sostenidas con títulos de deuda del Estado semestrales. Pero enseguida aparecieron las devaluaciones, el préstamo record del FMI y el cierre de toda posibilidad de financiamiento externo. Los empresarios cayeron en el engaño del gobierno de turno. Muchos de ellos aparecieron involucrados en la causa de los “cuadernos”.

Sin un proyecto claro, los PPP viales se mantuvieron en pie por el exministro de Transporte Guillermo Dietrich con prórrogas y modificaciones en las reglas de juego de dudosa legalidad.

Desde el Ministerio de Obras Públicas redoblan los cuestionamientos sobre estos emprendimientos. Creen que los contratos PPP son un engaño y rompen la concepción tradicional de adjudicación y realización de obras viales.

Con los PPP queda dividida la cobertura del costo de operación y conservación de rutas vía peaje respecto al pago de la realización de la obra, que se garantiza con recursos del impuesto a los combustibles a través del Fondo SISVIAL, afectados en un fideicomiso en el BICE. Traducido: las empresas prácticamente no tenían riesgo financiero y eran sostenidas por herramientas del Estado que les garantizaron obras millonarias en dólares.

EN EL 2020

A pocos días de haber asumido, Katopodis anunció la realización de una auditoría para definir la continuidad o no de las concesiones. Las cosas se demoraron por la pandemia, y a fines de mayo un fallo judicial le permitió a Helport y sus socias Panedile, Eleprint y Copasa remplazar las garantías en dólares vigentes en los contratos por cauciones en pesos. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas intimó a los concesionarios a ponerse al día con las actualizaciones bajo riesgo de dar por finalizado el contrato por responsabilidad del “contratista”. Ambas partes apostarán a resolver el entuerto desde el diálogo.

El total de las garantías adeudadas asciende a 570 millones de dólares. Las empresas expresaron que aceptan la baja de los contratos PPP a cambio de un resarcimiento de 20 millones de dólares para cada una por los costos financieros afrontados con los bancos desde 2018.

En el medio, apenas se realizaron entre un 2 y un 4% de las obras en los distintos corredores.

CORREDORES VIALES

De avanzar la iniciativa, la administración de los peajes pasará a manos de la empresa estatal Corredores Viales, la empresa de Vialidad Nacional y del Ministerio de Obras Públicas, conducida por el ex titular de AUBASA Gonzalo Atanasof. En total, opera casi 3.000 kilómetros de distintos tramos de la autovía 19 y las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 34, 36 y 188. Se hicieron cargo de las carreteras que no eran parte de las PPP y cuyas concesiones vencieron durante este año. El vicepresidente de la empresa, Eduardo Márquez, había anunciado la avanzada en LaNoticiaWeb e informó que ya tienen a su cargo 1.300 empleados y la recaudación de las cabinas.

Fuentes de Obras Públicas explicaron a nuestro portal que se busca invertir el flujo de un negocio que mueve una millonada de dólares, que el macrismo planificó para grandes empresas privadas amigas, favoreciéndolas con el respaldo del estado. Ahora, se buscará que esos fondos se redistribuyan en obras con empleo local en 2.300 municipios de todo el país a través del programa Argentina Hace.

EX FUNCIONARIOS A LA JUSTICIA

El extitular de Vialidad Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro,Bernardo Saravia Frías fueron procesados en la causa que investigan irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el estado durante el gobierno de Cambiemos.

Lo dispuso el juez Rodolfo Canicoba Corral luego de indagarlos, y rechazó la recusación planteada por ambos imputados. El delito es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y los embargos dispuestos alcanzan los $500 millones cada uno.

Para el juez “ambos funcionarios que actuaron en dicho proceso, fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado”.

En concreto, las concesiones de Acceso Norte y Acceso Oeste, la primera en manos de una firma que integraba como accionista la familia Macri; la segunda ligada al grupo Albertis.

Para el viernes fueron citados a prestar declaración indagatoria el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y el lunes siguiente el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

La situación de Iguacel había quedado comprometida con la declaración que el año pasado hizo la exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien había dicho que el exfuncionario fue responsable de conceder tratos “diferenciales” a Autopistas del Sol (AUSOL) una de las históricas empresas vinculadas al grupo Macri.

La causa es sobre irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. Además se revisa la venta de acciones de Mauricio Macri de AUSOL a la empresa Natal Inversiones, justo cuando se liberó el aumento de peajes y se incrementó el valor de los títulos, lo que permitió a las empresas cotizar un 400% más.

Por instrucción de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de u$s499 millones.

Las defensas anticiparon que apelarán la medida a la Cámara. Este jueves se sorteará al sucesor de Canicoba al frente de este juzgado, algo que las defensas también miran.