La semana pasada ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo eliminar la posibilidad de que funcionarios públicos designen a familiares en cargos estatales.

El autor es el legislador Guillermo Castello, de la CC-ARI hoy en Cambiemos. Según declaraciones al diario La Nación, el objetivo del diputado es "establecer una meritocracia republicana, tener una burocracia más profesional, que la administración pública tenga autonomía ante el poder político y promover la igualdad de oportunidades para acceder a la administración pública".

De sancionarse esta ley, los funcionarios de los tres poderes no podrán contratar a hermanos, esposas, primos e hijos en la administración pública bonaerense. Incluso, prevé las siguientes sanciones en caso de no cumplirla. Algunas de ellas serían la inhabilitación del funcionario y del pariente designado durante cinco años en la función pública; y el favorecido por el ingreso deberá devolver a las arcas públicas el dinero percibido.

Un dato relevante es que la normativa, que aún debe pasar por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Reforma Política, no alcanza a los municipios. Sin embargo, se prevé que la incitación a que adhieran. De convertirse en ley, las intendencias deberán suscribir mediante votación de sus respectivos concejos deliberantes.