En medio de un clima político dominado por la campaña electoral, el Gobierno salió con los tapones de punta contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Es que en un dictamen, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció que la dirigente usó al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside para financiar su campaña electoral, algo no previsto en el objeto de su estatuto, autorizado por el Estado.

Es por ello que el organismo impulsa una denuncia para que se investiguen las supuestas irregularidades y busca intervenir la Comisión Directiva. Cerca de Bullrich rechazaron la acusación y hablaron de «operación política».

El dictamen lleva la firma del titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y sostiene que “estamos en presencia de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad”. Ello porque, según el documento, “se procura el sostenimiento económico de una campaña política».

Es decir, detectaron una supuesta irregularidad en que el Instituto haya ejecutado «una actividad orientada al cumplimiento de un objeto indisolublemente distinto al que le compete a la asociación civil».

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia comenzó a investigar la asociación civil presidida por Bullrich a partir de la publicación en PERFIL y otros medios de artículos que hacían referencia a que la titular del PRO y candidata a presidenta cobraba 50 mil pesos por almorzar con ella.

Esos fondos, tal como mencionaba este medio, se recibían a través del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que ahora está en la mira.

“Detectamos que tuvieron ejercicios deficitarios y no podían pagar gastos corrientes y de repente, sobre todo desde 2021, los ingresos se incrementan exponencialmente en base al rubro seminarios, almuerzos, explicados en forma difusa, y llegan a casi 90 millones de pesos”, dijo a PERFIL Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector de la IGJ.

Según la resolución, se descubrió algo que no es nuevo: el uso de esa organización para el desarrollo de la campaña política. Sin embargo, ahí detectaron una ilegalidad y parámetros que dejan entrever la existencia de presuntas irregularidades, partiendo de la base de que en el objeto social la asociación persigue como fin los estudios en materia de seguridad y cuestiones relacionadas, pero nada vinculado a la actividad política partidaria.

Fuente: Perfil