El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Ricardo Echegaray, actual Auditor General de la Nación y ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los delitos de violación de secreto y falso testimonio.

La decisión del juez se tomó en una causa que se inició en 2014 por la denuncia del actual ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay.

Prat-Gay había denunciado a Echegaray y a otros funcionarios de entonces de la AFIP porque el ex funcionario había involucrado en 2014 al actual ministro en un caso de evasión impositiva.

Echegaray había apuntado a Prat-Gay cuando reveló que desde Francia había llegado información sobre evasores argentinos que habían utilizado al banco HSBC para enviar dinero al exterior. La información la consiguió el ex empleado del HSBC Herve Falciani.

Por aquel entonces la AFIP había denunciado la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos. Había, según la denuncia, una estructura "facilitadora" para la evasión. La AFIP señaló que ese armado incluía a apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red offshore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de impuestos. En la descripción de esa tarea, la denuncia de la AFIP mencionaba a Alfonso Prat-Gay, quien figura como apoderado y "usuario de internet" de la cuenta de Amalia Lacroze de Fortabat y de su nieta Amalia Amoedo. Esa denuncia, realizada en 2014, se tramita en la justicia en lo Penal Económico. La causa está a cargo de la juez María Verónica Stracci, quien no llamó a indagatoria a Prat Gay pero sí a otros involucrados en el expediente.

Los que realizaron la denuncia en nombre de AFIP Horacio Justo Curien y Pedro Gustavo Roveda, quienes eran, respectivamente, subdirector General de Fiscalización y subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador, también fueron procesados por Bonadio.

Prat-Gay, cuando hizo la denuncia, explicó que estaba autorizado por Amalia Lacroze de Fortabat y por su hija Amoedo a administrar sus activos en el exterior. En la causa por la que Bonadio procesó a Echegaray, hubo un peritaje de los contadores de la Corte Suprema de Justicia e informes técnicos de AFIP, que avalaron lo dicho por Prat-Gay. Y que demuestran que las cuentas de la millonaria Lacroze y su nieta están declaradas.

El juez demostró, según explicó en su resolución a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, que se hizo la denuncia penal y se expuso públicamente a Prat Gay (Echegaray dio una conferencia de prensa y un reportaje sobre el asunto) a pesar de que no había motivos válidos para hacerlo.

Bonadio procesó a Echegaray como instigador por haber impulsado a los funcionarios de la AFIP a hacer la denuncia respecto de Prat-Gay. Curien y Roveda fueron, para Bonadio, en cambio, coautores del delito de falso testimonio.

Echegaray también fue procesado por violación de secretos, porque consideró que utilizó de manera inapropiada, los datos aportados por Francia sobre posible evasores argentinos. Para el juez, Echegaray violó los términos del tratado que rige la colaboración entre los dos países y que establece que los datos solo pueden ser usados para "la persecución tributaria". Es decir que pueden ser utilizados tan solo por el organismo recaudador de impuestos para reclamar a los posibles evasores.

Cerca de Echegaray consideran que se trata de un fallo “político”, y aseguran que es perjudicial para la denuncia que hizo en su momento la AFIP en la justicia penal tributaria por las cuentas en Suiza. Además sostienen que la resolución afecta la posibilidad de que la AFIP puede efectuar denuncias futuras con información del exterior, y también podría tener consecuencias directas sobre el blanqueo que se anunció en los últimos días.

Por lo que su abogado, León Arslanian apelará el fallo ant la Cámara Federal. Echegaray ya había dicho públicamente que iba a dar un paso al costado con un “procesamiento firme”, por lo que ahora su futuro está en manos de la polémica Sala I de la Cámara Federal.