Tras la misa frente a la Basílica de Luján, en la que se escucharon duras críticas al plan económico oficialista, y del frío vínculo entre el presidente Mauricio Macri y el papa Francisco, se avanza en un plan para que el Estado a partir de 2020 deje de ‘sostener el culto católico‘, un apoyo contemplado en la Constitución Nacional y que este año alcanzó unos $130 millones -según informó Marcos Peña en el Congreso- para todo el país y que enfrentó críticas de distintos sectores y de Cambiemos.
Los equipos técnicos del Gobierno -que integran el Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto- y la Conferencia Episcopal avanzan desde agosto en un ‘diálogo profundo‘ de que el Estado ‘genere las condiciones‘ para que ‘cada uno de los fieles de las distintas religiones sostenga a sus iglesias‘.

En estricto hermetismo, la Iglesia y el Gobierno trabajan en ‘alternativas‘ de financiamiento. Una de ellas, vigente en países de Europa y Estados Unidos, sería las exenciones en el pago de impuestos para aquellos contribuyentes que donen dinero a la Iglesia que deseen (esto se aplicaría para todos los cultos, no solo para la Iglesia Católica). En sus declaraciones juradas anuales, los contribuyentes especifican la cantidad donada y obtienen beneficios en algunos tributos, como el pago del impuesto a las ganancias.

El problema, dejan trascender fuentes eclesiásticas, es que el universo de potenciales donantes abarca solo a quienes estén ‘en blanco‘, y excluye al amplio universo de la economía informal. Los cambios no incluirían las partidas que la Iglesia recibe de ministerios como Educación (subsidios a escuelas), Desarrollo Social e Interior, según trascendió.