La disparidad social, la escasez de alimentos y la situación de pobreza se intensificaron significativamente después de la devaluación implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo las directrices del presidente Javier Milei y la aprobación del FMI. Para el cuarto trimestre de 2023, el 90 por ciento de las personas con algún tipo de ingreso no lograba cubrir el costo de una canasta básica total. La aparición de «trabajadores empobrecidos» dejó de ser un proceso gradual de deterioro social, en el cual el Frente de Todos no pudo, no supo o no quiso mejorar la distribución del ingreso, para convertirse en una situación estructural arraigada.

No se trató de errores de cálculo. El ministro de Hacienda advirtió que «las medidas serán dolorosas para los argentinos«. Javier Milei, junto con todo el gobierno de La Libertad Avanza, está llevando a cabo un programa deliberado de fomento de la miseria, en el que el incremento de la pobreza y la falta de alimentos son partes integrales de su agenda.

No es sorprendente que comiencen a surgir argumentos que abonen a un proceso de enjuiciamiento político contra Milei. El jurista Eduardo Barcesat lo describió con precisión: «Las políticas implementadas por Milei podrían ser calificadas como genocidio, el silencioso genocidio del hambre».

El detonante de la gestión de Milei

El gobierno de Milei heredó uno de los niveles de desempleo más bajos de los últimos años. Sin embargo, el trabajo, o más precisamente las condiciones laborales actuales, ya no otorgan dignidad como en períodos históricos anteriores, según indicó el INDEC.

A pesar de esto, entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo período de 2023, la tasa de pobreza aumentó en cuatro puntos porcentuales, lo que significó que casi 2 millones de personas adicionales (con nombres, historias e identidades) pasaron a ser consideradas pobres. La cantidad de personas en la indigencia aumentó en 3 millones en tan solo doce meses.

Diego Castillo, director de la diplomatura «Cuestiones sociales fundamentales de la Argentina Actual» (FSOC – UBA), analizó: «Las iniciativas virtuosas que podrían haber tenido impacto sobre ciertos fenómenos quedaron truncas. No se tuvieron en cuenta las transformaciones sociales y económicas del gobierno anterior; no solo los aspectos económico-matemáticos de las políticas, sino también aspectos cruciales como el aumento de la informalidad y su precarización relacionada con las nuevas formas de trabajo».

Desde el 10 de diciembre, el gobierno de Milei no encontró obstáculos para avanzar con su plan de fomento de la miseria. La pobreza y la indigencia se miden en el país por ingresos. En diciembre, el salario real de los trabajadores se desplomó un 18%.

«El mayor deterioro, como se observa en los informes del INDEC, se explica por las medidas tomadas por Caputo. Si bien algunos indicadores ya mostraban un deterioro interanual, había una crisis de ingresos evidenciada por la caída real de salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Pero en diciembre, el deterioro fue repentino«, explicaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano.

Según los datos del INDEC, al cierre del año pasado, los ingresos totales familiares del 80% de los hogares del país no superaban los 578.000 pesos. En ese momento, la Canasta Básica Total para un núcleo familiar de cuatro personas estaba valorada en 495.000 pesos.

En términos individuales, solo el 10% de los argentinos con mayores ingresos mejoró sus condiciones de vida. Si en octubre del año pasado, la caída real de los salarios fue del 1,5%, en diciembre Milei presionó el gatillo con una destrucción de los ingresos reales en torno al 18%. El 90% de la población no superaba los 402.000 pesos de ingresos. El plan de fomento de la miseria de Milei convirtió en un privilegio el derecho humano a la alimentación. Por esta razón, Eduardo Barcesat calificó las políticas oficiales como un «genocidio silencioso del hambre».