A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a lanzar fuertes acusaciones sobre el entramado detrás del crimen del fiscal y puso el foco en sectores de inteligencia vinculados al actual Gobierno.

Durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, la magistrada sostuvo que existen “vinculaciones con los servicios de inteligencia que operan hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con funcionarios públicos del actual gobierno”.

La ex esposa de Nisman habló en una jornada dedicada a debatir sobre “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”. Allí retomó el expediente por la muerte del fiscal y aseguró que la investigación logró avanzar sobre una parte de la trama.

“La Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”, afirmó Arroyo Salgado ante los presentes.

La jueza también reconoció las dificultades para identificar a todos los responsables del hecho. “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”, señaló. Luego insistió con la hipótesis que conecta el caso con áreas de inteligencia y sectores ligados a Río Turbio.

Las declaraciones de Arroyo Salgado reactivaron la discusión sobre el rol de los servicios de inteligencia en la muerte del fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, cuatro días después de denunciar a Cristina Kirchner y otros funcionarios por el Memorándum con Irán.

La investigación judicial permanece bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano y de una unidad especial coordinada por Hernán Kleiman. La principal hipótesis apunta a la participación de agentes de inteligencia del Ejército que estuvieron en las inmediaciones del edificio Le Parc durante el fin de semana de la muerte de Nisman.

Hasta el momento, Diego Lagomarsino continúa como el único procesado de la causa. La Justicia lo acusa como supuesto partícipe por ser el dueño de la pistola Bersa calibre 22 utilizada en el hecho. En el expediente quedó asentado que la primera llamada telefónica vinculada al pedido del arma salió desde el teléfono del propio Lagomarsino.

Además del caso Nisman, Arroyo Salgado cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino frente al avance del crimen organizado y la virtualidad. La magistrada sostuvo que las instituciones “no están funcionando adecuadamente” y advirtió que hoy “se delinque y se maneja el poder” de forma virtual.

También reclamó medidas más duras contra personas detenidas que continúan cometiendo delitos desde las cárceles mediante teléfonos celulares. Según reveló, le propuso al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, incorporar la privación de la “libertad virtual” al Código Penal.

Sobre el cierre de su exposición, la jueza aseguró que “la justicia argentina arrastra una deuda y la muestra de eso es su incapacidad de investigar delitos del crimen organizado”.