El Gobierno de Javier Milei acelera el proceso de privatizaciones contemplado en la Ley Bases y prepara el terreno para una de las operaciones más sensibles: la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según confirmaron altas fuentes del Poder Ejecutivo, el pliego licitatorio para transferir el paquete accionario estatal está en etapa final y sería publicado en el Boletín Oficial en las próximas semanas.

“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, señalaron desde Presidencia. Aunque no hay una fecha exacta, en el oficialismo estiman que el llamado se concretará antes de que finalice el primer trimestre del año, con posibilidades de que ocurra en febrero.

AySA es una de las empresas incluidas en el esquema de privatizaciones habilitado por la Ley Bases aprobada en 2024. El último paso formal se dio en julio pasado, con la publicación del Decreto 494/2025, que autorizó la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado nacional. El 10% restante continuará bajo el programa de propiedad participada de los trabajadores.

De acuerdo a lo previsto, la licitación buscará vender al menos el 51% del capital accionario a un “operador estratégico”, que asumirá el control de las decisiones operativas. El porcentaje que no sea adquirido en esa instancia será ofrecido en los mercados a través de un esquema de free float.

El proceso es supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), junto a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Desde el Gobierno aclararon que no será excluyente pertenecer al sector específico de agua y saneamiento: podrán competir empresas con experiencia acreditada en servicios públicos en general. Entre las interesadas, trascendió el nombre de la brasileña SABESP y de consorcios nacionales, aunque por ahora mantienen reserva hasta la publicación del pliego.

En caso de concretarse la privatización, el control de la empresa quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), encargado de tarifas, calidad del servicio y reclamos, y de la Agencia de Planificación (APLA), responsable de las inversiones y planes de expansión.

Como parte del camino previo, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición 2024-2026 para “ordenar” la compañía antes de su traspaso, con inversiones estatales previstas por $753.900 millones y una fuerte reducción de transferencias en términos interanuales. También se avanzó en un nuevo marco regulatorio mediante el Decreto 805/2025, que, entre otros cambios, habilita a la futura gestión privada a realizar cortes del suministro por falta de pago.

AySA presta actualmente servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. La inminente privatización vuelve a poner en debate el rol del Estado en servicios esenciales y anticipa un nuevo foco de tensión política y social en el inicio del año.