Argentina se encuentra en plena cuenta regresiva para cumplir con un vencimiento crucial de deuda que tendrá lugar en cinco semanas, el próximo 9 de julio. En esa fecha, el país deberá afrontar un pago cercano a los 4.300 millones de dólares correspondientes a títulos Globales y Bonares. Gran parte de estos bonos, alrededor del 80%, están en manos de inversores privados.

Aunque las reservas del Banco Central se mantienen prácticamente sin cambios, el Gobierno sostiene que dispone de los recursos necesarios para cumplir con esta obligación. Fuentes oficiales confirmaron que la entrada de fondos por la colocación del BONTE 2030, estimada en 1.000 millones de dólares, se realizará este miércoles, y permitirá contar con un saldo en la cuenta del Tesoro cercano a los 4.500 millones de dólares. Esta cifra es similar a los compromisos que vencen en julio.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los vencimientos de deuda para ese mes alcanzan los 4.800 millones de dólares si se consideran también las obligaciones con organismos internacionales. El siguiente pago relevante será el 1 de agosto, cuando se deba cancelar cerca de 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otros 217 millones a distintos organismos multilaterales. En septiembre, vencerán otros 900 millones vinculados a deuda multilateral.

Los economistas coinciden en que el pago de julio está asegurado. Martín Polo, economista jefe de Cohen Aliados Financieros, indicó que «el mercado ya tiene descontado que el vencimiento de julio se va a pagar en tiempo y forma». Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, añadió que «hoy el Gobierno tiene depositados US$ 3.027 millones en el Banco Central y mañana miércoles va a recibir otros US$ 1.000 millones por el bono que colocó la semana pasada, con lo cual está casi fondeado».

Sin embargo, las perspectivas para los próximos meses generan preocupación. El Gobierno aguarda un desembolso adicional de 2.000 millones de dólares por parte del FMI, junto a otros 2.100 millones provenientes de organismos multilaterales. Además, mantiene abierta la posibilidad de concretar un préstamo REPO por 2.000 millones con bancos privados. A pesar de estos movimientos, la acumulación de reservas enfrenta obstáculos derivados de la persistencia del riesgo país, que se mantiene en torno a 663 puntos y no logra disminuir.

Matías Surt, economista jefe de Invecq, comentó que «no creemos que sea posible con estos niveles de riesgo país salir a emitir un bono tradicional a una tasa razonable». Explicó que la colocación del BONTE la semana pasada evidencia esta limitación, ya que el mercado internacional no permite actualmente emisiones abiertas como en años anteriores.

María Castiglioni, directora de la consultora C&T, señaló que «la meta del Gobierno hacia fin de año es empezar a consolidar la baja del riesgo país para poder rollear los vencimientos de capital». También recordó que, «en un país cualquiera con equilibrio financiero deberías tener inversores muy ávidos de comprar deuda, pero la historia pasada de default y reestructuraciones limita al gobierno actual».

El costo de la reciente colocación de bonos fue alto. Para obtener los 1.000 millones de dólares del BONTE 2030, el Estado debió emitir 1,15 billones de pesos, lo que incrementó la base monetaria y presionó al alza el dólar. Esta dinámica hizo que el tipo de cambio mayorista se acercara a los 1.200 pesos, alejándose del piso de las bandas cambiarias que el Gobierno esperaba alcanzar para iniciar la compra de divisas en el mercado.

Según explicaron desde Fundación Capital, «estas divisas conseguidas resultan claves para el objetivo de no comprar dentro de las bandas cambiarias y enfrentar los próximos compromisos en moneda extranjera». Aun así, el monto recibido no cubre en su totalidad los pagos de deuda previstos para junio, agosto y septiembre, que suman aproximadamente 6.700 millones de dólares. En consecuencia, las reservas brutas, que cerraron en 37.768 millones de dólares, solo verán un leve alivio con esta entrada.

Sebastián Menescaldi advirtió que «hay una disyuntiva entre lo que está haciendo el Gobierno y el riesgo país. El gobierno necesita ganar las elecciones y mostrar gobernabilidad y capacidad de pago. Para la gobernabilidad tiene que bajar la inflación y sostener el nivel de actividad, para la capacidad de pago tiene que aumentar las reservas». También agregó que «el problema es que si compra dólares no baja la inflación porque probablemente esta operación lleve a que el tipo de cambio sea más alto. Ante esa disyuntiva lo que el gobierno eligió es bajar la inflación».

En síntesis, aunque el vencimiento de julio parece garantizado, el desafío para Argentina es mantener una acumulación estable de reservas que permita afrontar los pagos futuros sin deteriorar la estabilidad económica. La evolución del riesgo país y la capacidad para acceder a financiamiento serán claves en los próximos meses.