Una delegación argentina comenzó en Washington una nueva etapa de negociaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. El objetivo fue evitar que se apliquen aranceles recíprocos sobre productos nacionales que ingresan al mercado norteamericano.

La comitiva estuvo liderada por el embajador Luis María Kreckler, referente del tema en Cancillería, y por el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne. Ambos mantuvieron reuniones con funcionarios del Departamento de Comercio y con miembros de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

El proceso enfrenta dos obstáculos políticos de peso. La política comercial de Donald Trump cambió con frecuencia durante su mandato, especialmente en relación con China, y se espera que eso continúe. A su vez, el presidente Javier Milei no logró aún alinear el Congreso para avanzar con los cambios legislativos que reclama Washington.

La administración republicana endureció sus medidas arancelarias cuando retrocedieron las conversaciones con China. En ese contexto, duplicó los gravámenes sobre el aluminio y el acero. Milei, en tanto, apostó a un triunfo amplio en las elecciones de octubre para avanzar con reformas pendientes, entre ellas la actualización del marco legal sobre patentes.

El informe anual de la USTR dejó en claro qué espera Estados Unidos. Argentina fue mencionada a lo largo de varias páginas. La descripción incluyó diferencias en materia de aranceles, restricciones a las importaciones, trabas aduaneras y fallas en la protección de la propiedad intelectual.

En la página 17 del documento, la USTR enumeró sus principales observaciones. Entre ellas, afirmó que “la situación de los innovadores en los sectores farmacéutico y agroquímico presenta importantes desafíos”. También señaló que “las políticas actuales brindan una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba no divulgados y de otro tipo presentados al Gobierno argentino”.

Además, el informe instó a Argentina a “garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las indicaciones geográficas (IG)” y advirtió que no deben restringirse los nombres comunes en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El informe cuestionó los largos plazos para la aprobación de patentes y la proliferación de productos falsificados. En ese sentido, mencionó a La Salada y el barrio de Once como espacios donde persiste la venta de mercadería pirateada. Sobre ese punto, sostuvo que “el régimen legal vigente y la deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad de los titulares de derechos, las fuerzas del orden y los fiscales para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales, tanto en línea como físicos”.

El documento también objetó las restricciones para el acceso al mercado cambiario por parte de los proveedores de servicios, en una crítica que refuerza el diagnóstico estadounidense sobre las trabas al comercio.

Frente a este escenario, el gobierno argentino buscó mostrar señales concretas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó 23 disposiciones que imponían condiciones adicionales a cámaras y asociaciones durante los controles de importación. La medida apuntó a despejar uno de los reclamos planteados por la USTR.

Por otro lado, la Justicia federal detuvo a Jorge Omar Castillo, conocido como el Rey de La Salada, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal. Castillo mantuvo vínculos políticos que durante años lo blindaron. La USTR citó su mercado como ejemplo de las falencias estructurales que enfrenta Argentina en materia de propiedad intelectual.

Aunque el trabajo de Kreckler y Lavigne fue valorado en el plano técnico, el desenlace de la negociación dependerá de una decisión política que tomará Trump. El presidente estadounidense firmó acuerdos bilaterales con aliados como el Reino Unido, pero mantuvo conflictos abiertos con otros socios estratégicos, como Israel y la Unión Europea.

La afinidad entre Trump y Milei no garantiza un trato preferencial. La suspensión temporal de los aranceles vence en julio. El gobierno argentino espera llegar a esa fecha con avances concretos, pero en Washington no confirmaron si el gesto será suficiente para evitar una nueva embestida comercial.