El Gobierno argentino sostuvo esta semana una serie de encuentros clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la ciudad de Washington. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, presentaron ante el organismo un pedido formal de dispensa por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas pactada en el programa de facilidades extendidas. Esta solicitud apunta a liberar un desembolso de USD 2.000 millones que resulta fundamental para fortalecer las arcas del Banco Central.

Los representantes argentinos llegaron a esta instancia después de que la primera evaluación del acuerdo detectara un déficit de reservas cercano a USD 4.000 millones respecto del piso fijado. El programa acordado contemplaba un objetivo de acumulación de USD 4.700 millones durante el segundo trimestre del año, una meta que la administración de Javier Milei no consiguió cumplir. La combinación de pagos de deuda, restricciones cambiarias y una estrategia de menor emisión monetaria complicó la posibilidad de sumar divisas.

A pesar de este traspié, el FMI destacó el resultado fiscal que obtuvo la gestión actual. Según datos del Ministerio de Economía, el superávit primario superó los $6,9 billones hasta mayo, por encima del compromiso asumido. El Grupo SBS consideró que el Gobierno “vino mostrando los mejores resultados” en materia fiscal. La colocación de bonos BONTE por USD 4.000 millones también permitió reforzar el stock de reservas sin acudir al mercado de cambios.

La misión técnica del FMI que encabezaron Bikas Joshi y otros funcionarios del staff consideró que las conversaciones fueron “altamente constructivas”. No obstante, el calendario interno del Fondo podría dilatar la resolución final del pedido. El receso estival del organismo comienza a fines de julio y algunos funcionarios mencionaron que la discusión en el Directorio podría postergarse hasta septiembre.

En los despachos oficiales manejan un escenario optimista. Algunos colaboradores de Quirno y Daza señalaron que la sintonía política con la Casa Blanca y la cercanía entre Milei y Donald Trump podrían acelerar el tratamiento del tema. Sin embargo, Alemania, Japón y Países Bajos expresaron inquietud por la exposición crediticia del Fondo con Argentina, que ya suma una deuda total de USD 61.000 millones entre programas vigentes y compromisos anteriores.

Mientras tanto, la situación financiera mantiene una tensión constante. La Fundación Mediterránea estimó que, con la última operación de Repo, las reservas brutas ascendieron a USD 40.500 millones, aunque sólo USD 500 millones computan como reservas netas bajo los criterios del Fondo. Para cumplir la meta del próximo trimestre, la brecha debería reducirse hasta USD 2.600 millones, una mejora que requeriría ingresos adicionales o nuevos instrumentos de financiamiento.

El contexto inflacionario y la caída de la actividad económica aportaron más incertidumbre. La administración de Milei proyectó un repunte del producto bruto de 5,5% en 2025. El Fondo Monetario validó esa estimación, pero advirtió que el déficit de cuenta corriente alcanzó USD 5.100 millones en la primera parte del año, un registro que duplicó los cálculos iniciales.

En paralelo, la justicia de Estados Unidos falló contra el Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF. El fallo obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a fondos demandantes, lo que implicaría un costo cercano a USD 16.000 millones. Si bien el litigio no forma parte directa de la negociación con el FMI, los analistas coincidieron en que el riesgo financiero asociado complica el acceso a nuevos mercados de crédito.

El equipo económico defendió que el déficit de cuenta corriente refleja una etapa de transición hacia un esquema de mayor apertura comercial. Sostuvo que la utilización de colocaciones de deuda y operaciones de block trade permitieron obtener divisas sin alterar la dinámica cambiaria. Sin embargo, los recortes de subsidios y la contracción del gasto provocaron manifestaciones sociales que podrían intensificarse si persisten los niveles de inflación y la recesión.

Los próximos pasos dependerán del ritmo con que el staff del Fondo elabore el informe final y lo eleve al Directorio Ejecutivo. En caso de aprobarse la dispensa, el desembolso de USD 2.000 millones ingresaría de manera directa al Banco Central. Este refuerzo resultaría clave para afrontar los compromisos externos y sostener la estabilidad del mercado en la antesala del calendario electoral.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, evitó precisar un cronograma definitivo y afirmó que “las discusiones continúan”. Según Claudio Loser, exdirector del organismo, el historial reciente de dispensas y el compromiso fiscal exhibido por la actual administración elevan las chances de una resolución favorable.

Para el Palacio de Hacienda, este resultado no sólo permitiría recomponer reservas. También abriría un margen para reacomodar las metas de acumulación de divisas a un nivel más realista, que contemple las limitaciones que enfrenta el país en su esquema productivo y comercial.