El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica en la Legislatura bonaerense presentó este martes un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para automotores en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Luciano Bugallo y Romina Braga.

Desde La Plata, De Leo fue contundente: “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó al fundamentar la propuesta.

Críticas al sistema actual

El legislador sostuvo que más del 99% de los accidentes viales están vinculados a fallas humanas y a deficiencias en la infraestructura, y no a desperfectos mecánicos que pudieran prevenirse con la VTV.

“Más del 99 por ciento de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial. Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”, remarcó.

En esa línea, cuestionó la obligatoriedad del trámite al considerar que representa un gasto injustificado para los conductores bonaerenses. “Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, subrayó.

Además, argumentó que la erogación económica que implica la VTV “no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.

Infraestructura y parque automotor

El proyecto también pone el foco en el deterioro de rutas y caminos en la provincia y el país. Según se detalla en la iniciativa, la siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV y el contexto se encuentra agravado por la deficiente infraestructura vial, tanto en rutas nacionales como provinciales.

De Leo señaló que la red vial no ha acompañado el crecimiento del parque automotor, que aumentó tanto por su expansión natural como por el mayor uso del transporte de carga tras la reducción del sistema ferroviario.

“Las estadísticas indican que el error humano y las falencias en infraestructura constituyen los factores de mayor incidencia”, concluye el proyecto.

La iniciativa abre un nuevo debate en la provincia sobre el rol del Estado en materia de seguridad vial y el alcance de los controles obligatorios a los conductores.