La denuncia por corrupción que imputó a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, por supuestos desvíos de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas de ex funcionarios de su gabinete, sumó otro capítulo: se amplió la denuncia para investigar más a fondo a Alejandro Scozzari, uno de los integrantes de la lista de personas acusadas.

Scorazzi cuenta con una amplia red de empresas. Una de ellas recibió $ 85 millones del municipio y otras contrataciones directas. El dato que más llama la atención a los investigadores es que Scozzari tiene como gerente en una de sus empresas a Sebastián César Daer, ex esposo de Mendoza y actual funcionario de AFIP. Además, Scorazzi también tiene negocios con Sebastián Raspa, el funcionario de Quilmes que renunció a su cargo en el municipio cuando estalló el escándalo de los contratos a cooperativas.

El dinero que están bajo sospecha salían de la secretaría de Hábitat y Obras Públicas. Por ahora, la intendente perteneciente a La Cámpora, sostuvo que todo responde a una «operación y persecución en su contra» de los medios de comunicación opositores al actual Gobierno de Alberto Fernández.

«Si tienen intención de que deje de trabajar o de que frene lo que estamos haciendo en Quilmes, que es transformando este distrito, poniendo en línea de igualdad a los barrios gobernando de otra manera; es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política; es el precio que tengo que pagar porque me acusan de ser algo, justamente por no serlo», sostuvo la intendente a través de un comunicado de hace días. Y agregó: «Es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política».

La nueva denuncia que apunta a su ex esposo complica aún más a Mendoza. “Estamos ante un entramado societario y de relaciones que aprovechando su estatus de funcionarios públicos, estarían realizando maniobras de lavado de dinero provenientes de ilícitos cometidos en la función pública y a través de ella”, sostiene la ampliación de denuncia que presentó la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade.

La causa se inició con la imputación del fiscal federal Ramiro González y bajo investigación hay cuatro cooperativas y fondos del municipio. La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.

“La Estrella, Unión Azul y Progreso (dos de las cooperativas) recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 millones de pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38,233,270.97 pesos.” Esas contrataciones las hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes para la limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad.

El nombre común en todo esto es el contador Alejandro Scozzari, dueño de un conjunto de compañías. Socio de Raspa y Martín Bordalejo en una empresa llamada “JD Vitruvio”, la cual tendría sede en la misma dirección que las cooperativas, constituyó una constructora a su nombre llamada “The Wolf Building SA”, que celebró diversos contratos con la Municipalidad de Quilmes desde mayo de 2020, por un total de $84.944.494.

La red es mucho más amplía. Junto con Luciano Tiranti crearon Sur II SRL, dedicada a la construcción y venta de inmuebles a todo el país. Generaron para operar, sin embargo, poderes especiales a favor de Sebastián Daer, Anabella Galván y Claudio Carbone, según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

El 5 de mayo de este año Mayra Mendoza y Carbone firmaron un decreto por $3,636,381.73 para la refacción para la Escuela Secundaria N75 de San Francisco Solano, a la empresa The Wolf Building SA de Scozzari, según informó El Disenso. El prolífero empresario cuenta con cuatro firmas más con diferentes funcionarios del municipio.

Según el texto judicializado, en el boletín oficial de Quilmes en 2021 se publicó un expediente iniciado por la Secretaría de Gestión Urbana de Residuos Sólidos Urbanos, que por contratación directa ordena alquilar equipos a The Wolf Building “una minicargadora y retropala para efectuar tareas de limpieza y recolección de montículos y micro basurales”, por $ 4,8 millones.

“Bajo la emergencia y utilizando apariencia legal se ha colocado a precio de adquisición, máquinas por servicios abonados a las cooperativas que ellos mismos conducen y controlan, registrándose operatorias circulares”, sostiene la denuncia. Se suma otro dato: The Wolf Building emitió “numerosos cheques sin fondos en lo que va de este año en curso”. Esos cheques se emitieron a nombre de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido, donde figura el ex funcionario Raspa.

Raspa y Scozzari figuran como socios en una de sus empresas. La justicia federal, además, busca avanzar respecto al rol de Scozzari con una posible exteriorización de fondos para lavar dinero. Se pidió que se libre exhorto internacional al Tribunal con Jurisdicción y Competencia en la ciudad de Miami – Estados Unidos para conocer información sobre “SCO Investments LLC”, “Raspa Investments LLC” y Borda Investments LLC”.

Junto a esta red de nombres y empresas, la diputada opositora denunció que la intendente, cercana a Cristina Kirchner, junto a su ex esposo, al subsecretario de Producción y Empleo, Paul O´Shanghnessy, al secretario Legal y Técnico, Daer, crearon en febrero de este año la empresa “4eter SA”. “Esta empresa se forma entre la intendente, sus actuales funcionarios y el padre de su hija”, dijo Frade poniendo bajo sospecha la constitución como finalidad de la firma.

Con información de Clarín