La acción de Luis Petri, ministro de Defensa, de disolver el área de Defensa encargada de investigar los crímenes de la dictadura, ha generado su primera repercusión judicial. Abogados querellantes han presentado una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar ante el juzgado de Daniel Rafecas, quien está a cargo de la megacausa por crímenes de lesa humanidad vinculados al Primer Cuerpo de Ejército.

Pablo Llonto y Mariana Maurer presentaron la petición el miércoles, la cual está siendo evaluada por Rafecas. Solicitan al juez que dicte una medida cautelar para mantener a los expertos que trabajan con los archivos despedidos y proteger la documentación.

La decisión de despedir a diez de los trece trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas, fue comunicada por Lucas Miles Erbes, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, el miércoles 27 de marzo, justo antes de un fin de semana largo por Pascuas.

Los ERyA fueron establecidos durante la gestión de Nilda Garré como respuesta al decreto de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, que ordenaba la desclasificación de información de las Fuerzas Armadas sobre la dictadura. A pesar de los despidos durante el gobierno de Mauricio Macri, estos equipos han estado operativos durante los últimos catorce años, produciendo más de 170 informes para investigaciones judiciales sobre los crímenes de la dictadura.

Según denuncias de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la decisión de desmantelar los ERyA fue tomada por Petri y su segundo, Claudio Pasqualini, quien anteriormente fue jefe del Ejército durante la gestión de Cambiemos y promovió una política de «memoria completa», similar a la propuesta por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Pasqualini es yerno de Athos Renés, condenado por la masacre de Margarita Belén.

La terminación de los equipos de investigación de los crímenes de la dictadura dentro del Ministerio de Defensa se produjo poco antes de que el presidente Milei convocara a una nueva «era de reconciliación con las Fuerzas Armadas» y después de que Petri afirmara que los militares habían sido «demonizados» por sus acciones en los años 70.

Petri ha otorgado reconocimientos simbólicos a la familia militar, permitiendo homenajes a condenados por crímenes contra la humanidad, como Horacio Losito, y siendo fotografiado junto a Cecilia Pando, conocida por su activismo a favor de la impunidad. Según informes anteriores, funcionarios de Defensa se reunieron con militares y policías detenidos por delitos graves en la Unidad 34 de Campo de Mayo para escuchar sus reclamos.