La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño allanaron en Morón la vivienda de Darío Méndez, dedicado a la publicidad en vía pública y padre de Christian Méndez, quien tenía en su poder la camioneta Fiat Fiorino utilizada para la distribución de los afiches difamatorios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este lunes en Morón, por orden del titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la CABA, Mauro Tereszko.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, informó el MPF porteño.

Darío Méndez, de 54 años, se dedica a la instalación y comercialización de espacios publicitarios en la vía pública, sobre todo en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a través de la empresa MDC Group SRL.

La Policía porteña lo busca por su intervención en el proceso de encargo, diseño, impresión y colocación de los afiches contra la Vicepresidenta que aparecieron hace una semana en la cartelería de vía pública del centro porteño.

Toda esa operatoria está siendo investigada por la Justicia criminal nacional a través del fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Manuel de Campos, titular del Juzgado Nacional de Instrucción 5, quienes investigan el caso a partir de los delitos de hurto y estafa, pero al mismo tiempo actúa la Justicia de CABA, que entiende que los hechos pueden ser encuadrados como una contravención.

La investigación hasta ahora se concentró en dos puntas del ovillo de la secuencia que concluyó con la instalación de los afiches negros que decían «Cristina asesina».

Por un lado, la imprenta que confeccionó los carteles -se llama Viagraphic y está ubicada en Lanús-; por otro, los responsables del traslado hasta el centro porteño en la camioneta Fiat Fiorino, identificados como Darío y Christian Méndez, de la empresa familiar MDC Group, localizados en Morón y conocidos en la zona oeste del conurbano.

El propietario de la imprenta Viagraphic, Julio César Francino, buscó desligarse de la impresión de los afiches y al declarar ante la Justicia aseguró que nunca llegó a enterarse de ese trabajo: dijo que ese encargo había llegado a través de un empleado jerárquico de su imprenta, una suerte de capataz, de nombre Francisco Serrano.

Francino manifestó que desconocía quién había realizado las películas para imprimir los carteles negros en su negocio y, además, mostró emails enviados y recibidos por Serrano en el que su empleado decía que deberían pagarle una comisión por haber conseguido ese trabajo.

Serrano, que es buscado por la Justicia nacional, trabajó hasta mayo de 2021 en la empresa Latin American Communication (LatCom), según cotejaron los investigadores a partir de su CUIL.

El CEO de esa empresa, dedicada a la publicidad, se llama Valentín Bueno y tiene una larga relación con el Gobierno porteño (hizo la campaña de vía pública en el Interior del país, entre otros trabajos) al igual que la coalición Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

La otra punta de la investigación, que lleva adelante el MPF porteño y hace eje en Darío y Christian Méndez, sospecha que habría sido precisamente Darío Méndez el gestor del encargo de los mil afiches a la imprenta Viagraphic de Lanús y el ideólogo de llevar adelante la pegatina.

Al realizar el allanamiento en la casa de Méndez, la Policía de la Ciudad encontró una camioneta Hyundai H100 ploteada con los rostros del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; además, hallaron cartelería similar a la que había en otro domicilio allanado, también en Morón.

En la caja de la camioneta Hyundai se encontraron también pedazos de afiches que podrían ser de aquellos por los cuales se inició la investigación, y que fueron secuestrados por el personal policial.

Hace unos días, Darío Méndez hizo una declaración espontánea en al que confirmó que Francisco Serrano -el capataz de la imprenta Viagraphic y exempleado de LatCom- le había hecho el encargo, pero además dijo que «le dijeron» que toda la operación para fijar carteles contra Cristina Fernández de Kirchner había sido encargada por el publicista Enrique «Pepe» Albistur.

De reconocida militancia en el peronismo, Albistur fue el denunciante original que desencadenó la investigación de la Justicia nacional ya que los carteles habían sido pegados en las carteleras de vía pública de CABA que están concesionadas a su empresa.