La Justicia allanó ayer el jardín de infantes Tribilín, en San Isidro, en búsqueda de documentación probatoria en la causa que se abrió por presunto maltrato que les aplicaban las maestras a niños de 45 días a 5 años que concurrían a ese establecimiento.

El fiscal de instrucción de San Isidro Franco Servidio ordenó el procedimiento judicial en el establecimiento, situado en O´Higgins 591, y efectivos de la comisaría Primera debieron derribar la puerta para poder entrar.

"Buscamos documentación y elementos probatorios para la causa", detalló una fuente que aseguró, además, que se fijó para después del 15 de febrero las primeras pericias psicológicas a los niños que asistían al establecimiento.

La idea del fiscal es ver si ante el grupo de profesionales, alguno de los menores puede relatar en primera persona o expresar de alguna manera -en Cámara Gesell, con tests, juegos o dibujos-, los maltratos a los que eran sometidos.

Los maltratos quedaron registrados en grabaciones de audio que consiguió un padre, en las que se escuchan de parte de las maestras encargadas de cuidarlos insultos de todo tipo hacia los niños, mientras se investigan posibles agresiones físicas.

Los psicólogos de la asesoría pericial de San Isidro también evaluarán si alguno de los niños padece algún tipo de trauma, trastorno o secuela debido a los presuntos maltratos.

En un primer examen realizado el viernes pasado en el jardín, el cuerpo médico de la policía científica bonaerense, con la presencia del fiscal, no se detectó ningún signo evidente de maltrato físico en los nenes que fueron revisados, pero recomendaron que sean evaluados por psicólogos.

Los voceros judiciales agregaron que el fiscal también trabaja para chequear si el establecimiento estaba o no habilitado y bajo el control de alguna autoridad educativa.

En ese sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, rechazó cualquier responsabilidad en el caso al asegurar que el jardín no tenía "habilitación para funcionar como tal y solo contaba con una aprobación de presentación de planos".

"Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato", dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento como "delincuentes con una grave patología".

Posse aseguró que el municipio "solo aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación sobre habilitación", y justificó la ausencia de un seguimiento en "la gran cantidad de centros educativos privados" que hay en el Partido.

El intendente aseguró estar "indignado y sensibilizado" porque "sobre la base de una aprobación de planos y sin autorización de la provincia ni del municipio, se estableció un engaño a los padres y un ardid que desembocó en la existencia de maltrato infantil".

Por su parte, el padre de Yanina Gogonza, una de las docentes acusadas de maltrato, también deslindó responsabilidades y sostuvo: "Yo soy el padre pero ella ya es mayor de edad y la Justicia tiene que definir".

Yanina aseguró en una red social que "es inocente" y que lo que se escuchó en las grabaciones fueron "unas simples palabras producto del estrés".

Gogonza puntualizó que cuando en las grabaciones "que salen en los noticieros" se habla de una pileta a la que llevaban a los nenes "se trata de una grabación editada", y que "algunos nenes tenían miedo de la pileta porque los mojábamos debido a las altas temperaturas y eso los asustaba mucho".

La provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo y la directora, Noemí Núñez; y aunque el delito que se les imputa es excarcelable, las fuentes consultadas aseguran que una vez concluidos los testimonios de los niños y reunida la documentación se puede cambiar la tipificación del delito.

El caso salió a la luz cuando uno de los padres grabó a las maestras y, tras hablar con el resto de los padres, presentó la denuncia a la fiscalía con el audio en el que se escuchan todo tipo de insultos y maltratos a los niños.