La Cámara de Diputados bonaerense dio un nuevo paso para modificar el procedimiento de las ejecuciones hipotecarias y proteger a quienes enfrentan el riesgo de perder su vivienda. En su primera reunión ordinaria del año, la Comisión de Reforma Política y del Estado, presidida por Ana Balor, aprobó por mayoría una iniciativa impulsada por la legisladora de La Cámpora Margarita Recalde, aunque la propuesta generó reparos entre los bloques opositores.

El proyecto establece una instancia judicial dentro del trámite de ejecución hipotecaria, mediante un incidente de liquidación de deuda, que funcionaría como mecanismo de mediación entre el deudor, el acreedor y el juez. La iniciativa contempla que quienes acrediten que la propiedad involucrada constituye su vivienda única familiar puedan presentar una alternativa para cancelar la deuda, que luego deberá ser evaluada por el magistrado a cargo de la causa.

Recalde defendió la propuesta y explicó que busca brindar una herramienta a las familias que recurren a prestamistas debido a las dificultades para acceder a créditos bancarios. “Es una herramienta para las familias y también para el juez. Quienes no están en condiciones de aplicar para un crédito con los bancos suelen recurrir a la figura del prestamista, que tiene otras condiciones y allí es cuando se generan mayormente los juicios donde los deudores terminan perdiendo su vivienda”, manifestó.

Además, cuestionó las dificultades que atraviesan algunos deudores para conocer a tiempo la existencia de un proceso judicial: “La persona a la que se le inicia el juicio muchas veces no se entera hasta que está prácticamente desalojada”.

El texto propone incorporar un artículo al Código Procesal Civil y Comercial bonaerense para que, en los procesos de ejecución hipotecaria, el ejecutado pueda demostrar que el inmueble constituye su vivienda única y presentar una propuesta de pago. Esa alternativa sería puesta a consideración del juez, con el objetivo de generar una instancia de negociación antes de avanzar con la ejecución de la propiedad.

Sin embargo, la aprobación en comisión no estuvo exenta de cuestionamientos. Fuerza Patria utilizó su mayoría para darle despacho favorable a la iniciativa, mientras que buena parte de los diputados opositores presentes advirtió que la eventual sanción de la norma podría producir un “efecto adverso” sobre el mercado hipotecario y dificultar el acceso al crédito destinado a la compra de una primera vivienda.

El rechazo más contundente partió del titular del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, quien presentó un dictamen de minoría en contra del proyecto y sostuvo que la medida “va a frenar el mercado de las hipotecas y encarecerá el crédito”. En la misma reunión, el legislador consideró que “Lo más sano sería hacer consultas con la Justicia”. A su vez, desde Coalición Cívica y Nuevos Aires también manifestaron objeciones.

El diputado, Gustavo Cuervo, reconoció que “Si bien el espíritu es loable, me parece que con este proyecto el crédito para primera vivienda va a desaparecer y eso no va a ser positivo”. Así, la iniciativa quedó posicionada para continuar su recorrido legislativo con un fuerte contrapunto entre oficialismo y oposición sobre cómo proteger a los deudores sin afectar el acceso al financiamiento hipotecario.