El recorte en el gasto público llevado a cabo por el Gobierno en 2024 alcanzó un 27%. De esa reducción, más de la mitad impactó directamente en los ingresos de las personas, tanto de manera directa como indirecta. A pesar de que el presidente Javier Milei insiste en que la “motosierra” atacó los privilegios de “la casta”, casi el 56% de los recortes se concentraron en jubilaciones, pensiones, salarios, subsidios energéticos, programas sociales y asignaciones familiares (excepto la AUH).

La consultora Analytica relevó los datos oficiales disponibles hasta el 27 de diciembre, y los números reflejan una caída en el gasto primario devengado (gasto comprometido, aunque aún no pagado) de 95,7 billones de pesos en 2024, ajustados por inflación. En comparación, el gasto total del Tesoro en 2023 fue de 130,7 billones de pesos.

El ajuste fiscal también afectó considerablemente a las personas. Los pagos por jubilaciones y pensiones, que representan el principal gasto del Estado, cayeron un 14% en términos reales. Aunque la reforma en la fórmula de indexación de las jubilaciones mejoró el poder adquisitivo en la segunda mitad del año, los bonos que perciben muchos jubilados se mantienen congelados desde marzo de 2024. Esto contribuye a la pérdida de poder adquisitivo de este sector.

A pesar de que el gasto total creció un 20% interanual en diciembre de 2024, la diferencia con los peores meses de la crisis de 2023, cuando la inflación superaba el 25%, es notoria. El ajuste continuará, aunque a un ritmo más lento, vinculado a la eliminación de bonos y otros pagos adicionales.

El sector público también sufrió ajustes significativos. Los salarios de los empleados estatales cayeron un 20% en términos reales en 2024, y en diciembre, la caída interanual fue del 19,4%. Además, el Gobierno redujo un 37% los subsidios económicos, particularmente los destinados a la energía. Esto representó una profundización de las políticas iniciadas en la gestión anterior y afectó tanto a los subsidios energéticos como al transporte público.

En cuanto a los programas sociales, el ajuste fue aún más pronunciado, con una caída del 41% en 2024. El Gobierno desvinculó los planes sociales de la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil y congeló las asignaciones. Sin embargo, la AUH y la tarjeta Alimentar aumentaron en términos reales debido a un ajuste del 200% en diciembre de 2023, como respuesta a la devaluación y al alza de tarifas.

Por otro lado, el Ejecutivo recortó drásticamente el gasto en obra pública y en transferencias a las provincias. Estos recortes, que representan solo el 4,3% del gasto primario total, fueron parte de la estrategia para reducir el déficit fiscal. La obra pública sufrió una disminución del 76% en términos reales, y la actividad de construcción acumuló una caída del 28,5% interanual.

En cuanto a las transferencias a las provincias, se redujeron en un 69% en 2024, afectando principalmente a aquellas gobernaciones que no apoyaron las políticas del Ejecutivo. Sin embargo, algunos gobernadores que acompañaron al gobierno en cuestiones legislativas recibieron asignaciones específicas.

De cara a 2025, el Gobierno espera mantener el superávit fiscal, confiando en una mejora de la actividad económica. No obstante, el ajuste en jubilaciones podría continuar si no se incrementan los bonos para los sectores más vulnerables. Además, los ingresos de los trabajadores del sector público estarán condicionados por la política antiinflacionaria que el Gobierno ha defendido recientemente, aunque las tensiones con el sector agropecuario sobre las retenciones siguen latentes.