Tras una de las temporadas de incendios forestales más graves de las últimas seis décadas en la Patagonia, el Gobierno nacional aplicó un fuerte recorte presupuestario a la Administración de Parques Nacionales. La decisión generó críticas de organizaciones ambientalistas, que advirtieron sobre el impacto en la prevención y el combate del fuego en áreas protegidas.

Según datos difundidos por Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos, una cifra que duplicó la superficie afectada durante el período anterior y que supera diez veces el promedio registrado entre 2022 y 2024.

En ese contexto, la administración nacional avanzó con un ajuste superior a los 2.500 millones de pesos destinados a programas de conservación y gestión de áreas protegidas. La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, que también redujo partidas en otras áreas del Estado como Salud y Educación.

Entre los parques nacionales más afectados por los recortes figuran Nahuel Huapi, con una reducción de 190 millones de pesos; Lanín, con 156 millones; Los Glaciares, con 77 millones; y Los Alerces, con 70 millones menos. También se vieron alcanzadas otras áreas protegidas de la Patagonia, como Laguna Blanca, Lago Puelo, Los Arrayanes, Monte León, Patagonia, Perito Moreno e Islote Lobos, además de áreas marinas costeras.

De acuerdo con especialistas y organizaciones ambientales, el ajuste impactará especialmente en obras de infraestructura ecoturística, programas de conservación y tareas vinculadas a la prevención y combate de incendios forestales.

Desde Greenpeace cuestionaron con dureza la decisión oficial. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, sostuvo que recortar fondos para Parques Nacionales después de dos temporadas críticas de incendios constituye una “peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia”.

Los datos procesados por la organización indican que la provincia más afectada fue Chubut, donde se registraron 60.304 hectáreas incendiadas. Más atrás quedaron Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.

Además, Greenpeace expresó preocupación por las iniciativas del Gobierno para flexibilizar normas ambientales como la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques, al considerar que podrían debilitar las herramientas de protección sobre ecosistemas vulnerables.

La entidad también remarcó la gravedad de los incendios registrados en zonas como el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio, Los Glaciares y localidades de Chubut como Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde el fuego afectó tanto bosques protegidos como viviendas y plantaciones.

En paralelo, la organización insistió en reforzar las políticas de prevención, recordando que se estima que el 95% de los incendios forestales tienen origen humano. Entre las medidas propuestas, plantearon incrementar la cantidad de brigadistas, mejorar la infraestructura para el combate temprano del fuego y avanzar en planes de erradicación de especies exóticas, como los pinos, que aumentan el riesgo de propagación de incendios en zonas boscosas.

El debate vuelve a poner el foco sobre el financiamiento ambiental en un contexto de crisis climática, marcada por sequías prolongadas y una mayor frecuencia de incendios extremos en distintas regiones del país.