La denuncia apunta a un contacto previo con el contratista clave en la causa. Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete por riesgo de entorpecimiento.
En la antesala de su declaración, Manuel Adorni intentó establecer contacto con el contratista Matías Tabar, una figura central dentro de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. El dato, que ya generaba ruido en ámbitos judiciales, tomó otra dimensión tras la presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió su detención.
La legisladora sostuvo que existió una maniobra concreta para influir sobre el testigo. En ese sentido, afirmó que el jefe de Gabinete “haber apretado a un testigo” previo a su declaración, en referencia al vínculo con Tabar. El planteo se apoyó en el riesgo de entorpecimiento del proceso.
Según la denuncia, el contacto no fue aislado. Pagano indicó que el entorno del funcionario habría buscado intervenir sobre el contratista antes de su exposición formal. “Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono”, señaló.
El expediente también incluyó la sospecha de eliminación de mensajes de WhatsApp y ofrecimientos de “ayuda legal” a cambio de suprimir evidencia. Para la diputada, la posición jerárquica de Adorni le otorgó capacidad de influencia sobre el desarrollo de la causa y sobre actores clave.
El pedido de detención se presentó ante el juez Ariel Lijo. Pagano invocó la doctrina “Irurzun”, que permite dictar prisión preventiva cuando existen indicios de que un imputado puede obstaculizar la investigación por sus vínculos de poder. En este caso, planteó una aplicación agravada, ya que el funcionario se encuentra en ejercicio.
En paralelo, la diputada propuso medidas alternativas en caso de que no avance la detención. Solicitó prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y resguardo de las comunicaciones.
El intento de comunicación con Tabar quedó como uno de los puntos más sensibles del caso, ya que se trata de un actor clave para reconstruir las presuntas irregularidades económicas. La causa sigue bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita, con la lupa puesta en los movimientos previos a la declaración y en el posible impacto de estas maniobras sobre el expediente.
