El respaldo del Consejo Europeo al Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abrió un nuevo frente de debate en el Congreso argentino. El texto deberá ser refrendado por ambas cámaras antes de la firma prevista para el 17 de enero en Asunción, durante la cumbre presidencial del bloque regional. El Ejecutivo apuntó a una aprobación rápida para evitar que otros socios comerciales ocupen cuotas clave de exportación.

La iniciativa contó desde el inicio con señales positivas de amplios sectores opositores, que evaluaron el entendimiento como una oportunidad para el entramado productivo local. El escenario legislativo quedó atado al calendario que defina el Poder Ejecutivo, que aún no formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero. En ese tramo, el oficialismo priorizó la reforma laboral y los cambios en el Código Penal.

Si el Gobierno optó por adelantar el debate, el proyecto ingresó por la Cámara de Diputados. El Senado concentró su agenda en la discusión laboral. En cualquier caso, el Congreso solo podrá aprobar o rechazar el acuerdo. No tendrá margen para introducir cambios.

La urgencia oficial respondió a razones comerciales y políticas. Existen cupos de exportación que podrían ser ocupados por otros países del Mercosur, en especial Brasil. La relación fría entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva sumó tensión a ese escenario y empujó al Ejecutivo a acelerar los tiempos internos.

Para avanzar, el oficialismo debió completar la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores. En Diputados, ese espacio quedó vacante tras la salida de Fernando Iglesias, quien asumió como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea. En el Senado, la comisión quedó bajo la órbita de Francisco Paoltroni, que regresó al bloque de La Libertad Avanza luego de diferencias previas con el Ejecutivo por su disputa con Gildo Insfrán.

El aval político atravesó al oficialismo y a gran parte de la oposición dialoguista. Desde el Senado, Patricia Bullrich afirmó que el acuerdo traerá «más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión». En Diputados, el jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni sostuvo que «por primera vez en décadas» se abren nuevos mercados para el país y agregó que «eso es más trabajo y producción para todos los sectores de la economía».

Mauricio Macri también celebró el entendimiento y aseguró que «se abre una etapa inmejorable para la región». El diputado Fernando de Andreis recordó que el proceso se inició durante la gestión de Juntos por el Cambio. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro lo definió como «una jugada estratégica» que permitió «la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad».

El socialista Esteban Paulón calificó el avance como «un avance significativo» y destacó que implicó «más y nuevos mercados para nuestra producción, y mejores estándares sociales, ambientales y democráticos para nuestros países”. En la misma línea, el Comité Nacional de la UCR, conducido por Leonel Chiarella, habló de «una señal concreta de confianza en la integración y en el comercio» y remarcó su impacto en la agroindustria y la bioeconomía.

En el peronismo, el silencio dominó la escena. Desde Cancillería no difundieron aún los términos finales del acuerdo. En el Congreso, algunos sectores expresaron reparos por el impacto en la industria automotriz y textil. Aun así, fuentes legislativas no descartaron apoyos parciales de Unión por la Patria cuando el texto llegue al recinto. El debate quedó abierto, pero el respaldo político inicial marcó un punto de partida favorable para el Gobierno.