Luego de que la Cámara de Diputados haya dado media sanción a la modificación de varios artículos en la ley de alquileres, el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio llegaron a un acuerdo en el Senado para regular los alquileres temporarios con fines turísticos y, además, negocian modificar algunas cuestiones del proyecto de ley de alquileres que tiene la media sanción de la Cámara baja.

Las dos fuerzas políticas llegaron a una síntesis de dos iniciativas que habían propuesto la legisladora kirchnerista, Ana María Ianni, y Mariana Juri, de la UCR. El dictamen unificado propone crear un marco normativo a los alquileres temporarios, algo que colaboró ante la caída de la oferta de alquileres permanentes y más aún con la utilización de sitios como Airbnb.

El proyecto propone crear un registro a nivel nacional de todas las propiedades que estén disponibles para ser alquiladas de manera temporaria para uso turístico, es decir, entre uno y 90 días. Si el inmueble cumple con determinadas exigencias de seguridad e higiene, se le proporcionará un número de inscripción que deberá estar presente sí o sí en su perfil de Airbnb (o cualquiera plataforma digital que actúe como intermediaria).

Una de las cuestiones importantes de la norma es que los contratos solo podrán realizarse en pesos. En el caso de que la plataforma o el propietario no cumpla con alguno de estos requisitos serán sancionados: ya sea suspendiendo o prohibiendo definitivamente las operaciones en el país (en el caso de las plataformas) o prohibiendo la oferta del inmueble para alquiler temporario o imponiendo multas (en el caso de los propietarios).

Además, el proyecto establece: «Las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos deberán habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler”.

Ianni, la diputada oficialista, habló sobre esta regulación: «No pensamos en desestimar este tipo de oferta ni a las plataformas, queremos dar fin a una competencia desleal, porque no hay normativa, y afecta incluso el precio de los alquileres permanentes. Es modalidad que está en una situación de informalidad que no brinda los servicios como corresponde».

Por su parte, Juri, la otra autora de un proyecto sobre el tema, indicó que «nuestro desafío es hacer que los destinos turísticos sean sustentables, no solamente cuando cuidamos lo ambiental, sino cuando no empiezan a colisionar el interés de los turistas con el interés de los residentes permanentes, esta ley pretende dar garantías».

Mariano Recalde, del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, recordó que el distrito ya tiene un registro de esas características pero que no se utiliza de manera eficiente. «En CABA existe el registro y hace cuatro años que hay 26 mil unidades ofrecidas por la plataforma, pero solo 583 están registradas. Para que la ley no caiga en letra muerta no solo se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas, sino de un Estado presente y que funcione a la hora de hacer cumplir las normas», dijo.

Los cambios en la ley de alquileres a la media sanción de Diputados

Tanto el Frente de Todos como Unidad Federal (el bloque compuesto por cuatro ex senadores oficialistas y la cordobesa Alejandra Vigo) están debatiendo internamente distintas propuestas de modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados y fue aprobado por Juntos por el Cambio.

Si bien aún no hay consenso interno en ninguno de los dos bloques, la mayoría coincide en dos puntos: que reducir de un año a cuatro meses el período para las actualizaciones del precio del alquiler es muy perjudicial para los inquilinos (la mayoría propone que se haga cada seis meses) y que necesariamente hay que fijar un índice que determine de cuánto tendrán que ser esos aumentos (la ley actual propone un índice pero la reforma aprobada en Diputados defiende que sea «un acuerdo entre las partes»).