El decreto de desregulación cambiaria flexibilizó el ingreso de dólares del exterior sin exigir permanencia mínima. Especialistas advirtieron sobre el riesgo de repetir la experiencia de 2018, cuando la liberalización financiera terminó en crisis cambiaria.
El Fondo Monetario Internacional decidió demorar la primera revisión del acuerdo que debía concretarse este jueves. La decisión aplazó también el desembolso de 2.000 millones de dólares, vitales para el equipo económico de Javier Milei. En lugar de otorgar un waiver por el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas, el organismo optó por frenar la evaluación y dilatar la discusión. La falta de una fecha concreta encendió alarmas en los mercados y dejó a Luis Caputo sin margen de maniobra.
El retraso responde a un dato clave: la Argentina debía acumular 5.000 millones de dólares desde la firma del nuevo programa. Pero al corte del 13 de junio, fijado por el propio acuerdo, las reservas ni siquiera rozan esa meta. Caputo necesita 4.500 millones en dos semanas para cumplir con el Fondo y evitar una señal de default técnico.
Desde el organismo multilateral señalaron que resulta cada vez más difícil justificar los reiterados desvíos del país. Por eso, resolvieron postergar la reunión en lugar de seguir concediendo excepciones como ocurrió en otras gestiones. En este contexto, la negativa del FMI no solo complica las cuentas fiscales. También agrava la imagen de la Argentina ante los inversores extranjeros.
José Luis Daza, viceministro de Economía, recorrió durante tres semanas los principales despachos financieros de Wall Street. No logró acordar un solo ingreso de capital. Falló en su intento de cerrar un nuevo REPO con bancos internacionales y tampoco consiguió atraer fondos de inversión. Según relató, el escepticismo es total: “Lamentablemente este país se ha convertido en un paria. Hay muchos operadores en Wall Street y en Londres, en donde les dicen: ‘vos podés tradear a Argentina, pero si ganás plata, está bien; pero si perdés plata te echo’”.
Un directivo de un fondo con sede en Nueva York explicó a este medio que los grandes jugadores aún recuerdan la crisis de 2017. Señaló que los datos del comercio exterior preocupan: las importaciones crecieron por encima del 40%, mientras las exportaciones apenas superaron el 2%. “Nadie come vidrio”, resumió.
En este escenario, el Gobierno lanzó un nuevo paquete de medidas para intentar frenar la sangría de dólares. La Secretaría de Finanzas anunció que buscará captar hasta 7.000 millones mediante colocaciones de deuda en dólares con vencimiento en 2025. La intención es cumplir con las metas del Fondo o al menos cubrir compromisos con bonistas privados.
La estrategia incluye licitaciones mensuales por hasta 1.000 millones de dólares, sin plazos mínimos de permanencia para los inversores extranjeros. Este esquema busca facilitar el ingreso de divisas sin alterar el tipo de cambio oficial. El Banco Central considera que así podrá intervenir indirectamente en el mercado, sin romper con el modelo de flotación administrada.
El programa también contempla una segunda ronda del REPO con bancos como Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi. En enero ya se colocaron 1.000 millones con una tasa del 8,8% anual. Ahora esperan sumar otros 2.000 millones entregando bonos soberanos como garantía.
Además, el Gobierno avanza con la recompra de puts en manos de los bancos, títulos que se usaron durante la gestión de Alberto Fernández para incentivar la compra de deuda pública. Desde diciembre, el 78% de esos contratos ya se canceló, pero aún quedan unos 4 billones de pesos en circulación. El Banco Central busca eliminarlos para evitar riesgos de expansión monetaria y reducir pasivos contingentes.
Otro eje del paquete es la emisión del BOPREAL Serie 4, un bono destinado a empresas con deudas comerciales o dividendos retenidos previos a 2025. La licitación comenzará el 18 de junio. El objetivo es absorber pesos y ofrecer una alternativa de dolarización formal, aunque el interés por estos títulos se debilitó tras la caída de la brecha cambiaria.
También se eliminarán las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que vencerán el 17 de julio. En su reemplazo, se ofrecerán LECAPs a 30, 60 y 90 días. Según el exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel, el Central intervendrá en el mercado secundario para estabilizar tasas. “Va a usar LECAPs, que son deuda del Tesoro, y va a ir manejando la cantidad de dinero y la tasa de interés. Si los bancos necesitan liquidez, venden LECAPs, sube la tasa, entonces el Central compra para que la tasa no se escape”, explicó.
Por último, el BCRA anunció un aumento gradual de los encajes bancarios. La medida apunta a reducir la volatilidad del sistema financiero y controlar el crecimiento del crédito en sectores considerados poco sostenibles.
El Gobierno eliminó controles a los capitales financieros y economistas alertaron sobre el regreso del «circuito golondrina»
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo esquema fue la eliminación de los plazos mínimos de permanencia para los no residentes que ingresen divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o suscriban colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a seis meses. La decisión habilitó el ingreso y egreso inmediato de capitales financieros del exterior, sin ninguna restricción de tiempo. «Inexplicable la eliminación de la permanencia mínima de 6 meses a los capitales financieros de afuera. No aprendimos nada», cuestionó el economista Juan Manuel Telechea en X.
La medida recordó a muchos analistas el “trade electoral” de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri promovió el ingreso de divisas mediante instrumentos en pesos con tasas altísimas. Aquella experiencia terminó con una fuga masiva de capitales golondrina, que ingresaron para aprovechar los rendimientos financieros y se retiraron ante el cambio de expectativas tras la derrota electoral. La liberalización entonces dejó como saldo una crisis cambiaria y un endeudamiento que aún persiste.
