El juez federal Sergio Ramos cerró una causa contra Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que se había iniciado a partir de la filtración de una serie de chats con el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro. La decisión se sustentó en que «no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

«Es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal», sostuvo el magistrado, quien en la resolución agregó que su función es «velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique». Asimismo, recordó que ni el Estado ni nadie debe entrometerse en la «vida privada de forma ilegal». «Esta protección, vuelvo a reiterar, sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar», señaló.

La investigación en cuestión comenzó a raíz de la denuncia que presentó el abogado Gastón Marano basada en las comunicaciones que habrían mantenido el funcionario judicial y el integrante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales salieron a la luz a través de un sitio web. En ese sentido, Ramos estimó que el expediente debía archivarse porque el intercambio entre ambos fue obtenido «a través de espionaje ilegal.

En la misma línea, el juez indicó que el fallo debe seguir «la regla de la exclusión de prueba», según la cual «la evidencia que haya sido obtenida por medios antijurídicos no puede ser presentada por la acusación en un juicio».

«En otras palabras, la consecuencia de excluir una determinada prueba por haber violado en su recolección derechos fundamentales, es la imposibilidad de valorar el elemento de prueba de modo que el órgano jurisdiccional no pueda basar ninguna de sus futuras decisiones ­directa o indirectamente­ en una prueba viciada por esas razones», enfatizó.

La decisión se da en medio del debate por el pedido de juicio político que el Gobierno impulsa contra los integrantes del máximo tribunal. Justamente, uno de los puntos que el oficialismo intentaba debatir en comisión eran las conversaciones entre Robles y D’Alessandro.