A días de terminar su mandato, el Presidente fue acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” debido sus declaraciones donde establece sospechas por las mediciones de pobreza publicadas por el INDEC. El Jefe de Estado tenía previsto establecerse en España después del 10 de diciembre, pero la Justicia deberá determinar si lo deja salir de Argentina.
La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 por la abogada penalista Valeria Laura Carreras, de origen radical vinculada en los últimos años a un sector del kirchnerismo.
Alberto Fernández aseveró «que la pobreza está mal medida, si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”, en referencia al 40% que indicó el último reporte del INDEC.
En la denuncia, Carreras dijo: “Especialmente solicito, se ordene cautelarmente, la prohibición de salida del país, ello atento a haber trascendido que el actual presidente saliente se instalaría a vivir junto a su familia en España”.
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En ese sentido, afirmó que “a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos».
«Estamos sin dudas frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión», añadió la penalista.
«Que un presidente saliente venga planificando su ‘alejamiento’ de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando como fecha posible de ‘traslado’ inmediatamente después de traspasar el mando, es algo que nunca vi en ningún ex presidente”, concluyó la letrada.
