Hace cinco años, después del descarrilamiento de un tren al fondo de uno de los barrios de José León Suárez, la Policía Bonaerense decidió defender la mercadería con balas de plomo. El resultado fue el asesinato de los adolescentes Mauricio Ramos y de Franco Almirón, y de las graves heridas a las que sobrevivió Joaquín Romero. La Cámara bonaerense revirtió el fallo de primera instancia, lo que representa un atisbo de Justicia para los familiares de las víctimas.
Con esta esperanza, el barrio de Carcova organizará una caminata, comenzando en la Plaza de los Trabajadores, y yendo para el fondo, las vías, el lugar donde acribillaron a los pibes, y terminando en el Cepla, el Centro de Prevención de Adicciones de la Sedronar Nacional que se está construyendo en ese descampado. Estos 5 años sin el Pela ni Franco serán dedicados a reivindicar el propio barrio, que fue central en la organización de una estrategia para impedir que se oculten pruebas, y se construya una historia judicial falsa, que garantizara la impunidad de los policías que actuaron en el marco de un operativo comandado por la Bonaerense.
El diputado nacional Leonardo Grosso (FpV-Movimiento Evita) destaca la importancia de haber articulado una respuesta organizada desde el mismo barrio. “Nosotros, el Movimiento Evita, trabajamos en Carcova hace mucho tiempo. Y hace 5 años, cuando nos avisaron que le habían disparado a Mauricio, sobrino de una compañera nuestra, en el marco de un operativo policial salvaje contra el pueblo, vinimos al barrio de inmediato. Acá pudimos hablar con los vecinos que habían visto todo para que declaren en la fiscalía, y estuvimos atentos a las pericias que hacía Gendarmería. Incluso, hubo un bonaerense que había participado de la represión, que intentó infiltrarse entre los técnicos que tomaban medidas del lugar”, recuerda Grosso.
“Gracias al dispositivo que organizamos pudimos señalar esta y otras irregularidades, que apuntaban a construir una versión falsa que facilite la impunidad para los agentes involucrados, y para los que comandaron el operativo”, remarca el diputado que encabeza la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. “Nosotros no queremos ningún privilegio: solamente exigimos que se sepa la verdad sobre lo que le pasó a los pibes, que todos tengamos memoria, y que haya condenas acordes, que haya justicia. La única banda en ese lugar, era la policía bonaerense”, dijo.
La versión que buscaban construir era que una banda de narcos había descarrilado el tren a propósito para robarlo. Los medios de comunicación, con letra del entonces ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, abonaron a la construcción de esta historia y justificaron la represión. El funcionario estaba en la zona, porque un agente que estaba como consigna sobre el Camino del Buen Ayre había sido asesinado, y esto pudo haber influido en el nivel de violencia en la reacción de la policía contra los curiosos que rodearon el tren, que hizo un gran estruendo al descarrilar producto del pésimo mantenimiento de las vías.
Esto quedó demostrado en el Juicio Oral, que tuvo lugar hace 2 años, en febrero y marzo de 2014. Sin embargo, los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro decidieron por unanimidad absolver por “el beneficio de la duda” al policía Gustavo Rey, acusado por el doble homicidio. Condenaron a Gustavo Vega, por los escopetazos contra el sobreviviente, a 7 años y medio de prisión, considerando que no debía agravarse la pena por ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
La familia y sus abogados trabajaron desde ese momento para demostrar en la instancia superior que hay prueba suficiente contra Rey. A pesar de la absolución a Rey, el Tribunal Oral dejó escrito en su sentencia que los disparos que asesinaron a Franco y Mauricio provinieron de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El año pasado, la Sala 2 de la Cámara de apelaciones bonaerense anuló la absolución de Rey, porque consideró que había prueba suficiente para condenarlo. Apartaron al Tribunal, y dispusieron que sean otros jueces los que celebren un nuevo debate oral.
Respecto de Vega, la Cámara confirmó la condena por homicidio en grado de tentativa, y le aplicó el agravante por “abuso en ejercicio de funciones”, tal como habían pedido oportunamente la fiscalía y la querella, y llamó a que se realice una audiencia con todas las partes involucradas para definir en cuánto se aumentará la pena (estipulada entre los 12 y 19 años).
Cuando los delitos se comenten por agentes dentro de estructuras jerárquicas rígidas y militarizadas, el hecho de que haya condenas también colabora con la reducción de este tipo de delitos. Cortar con la impunidad -que haya quienes deben responsabilizarse por los ilícitos-, aumenta las posibilidades de que los agentes se nieguen a responder a órdenes ilegales, y que se animen a denunciar y declarar en dependencias judiciales.
Por ejemplo en el caso del asesinato de Mauricio Ramos y Franco Almirón, hay prueba suficiente para afirmar que el joven sargento motorizado de la Policía Buenos Aires 2 Gustavo Rey fue quien disparó las balas de plomo, con cartuchos rojos. Lo hizo luego de que el agente Aguirre disparara una bomba de gas pimienta contra una pila de chapas. Allí se estaba protegiendo de la represión un grupo de muchachos del barrio, entre ellos Franco y Mauricio. Ahogados por el humo, todos debieron pararse, e intentaron correr. Los que se salvaron de la balacera vieron caer a dos de sus amigos, y fueron testigos centrales en el Juicio Oral.
Entre los sobrevivientes se encuentra Joaquín Romero, que como sus amigos fue atacado brutalmente, aunque en otra situación, instantes antes. También él estaba tratando de escapar del tumulto, cuando vio al agente Vega, instructor de tiro y policía experimentado, que se le apareció de entre los pastos, y le dio una orden: “¡Corré!”. Hizo caso, pero el plomo le ardió en la espalda. Sigue oyendo el ruido metálico de las balas en pesadillas, y las heridas le siguen provocando dolores y problemas de salud.
También declararon en el juicio los policías que recibieron órdenes para participar del operativo de represión que se desató contra los vecinos del barrio, que viven de recuperar los que otros desechan en la quema de los basurales de José León Suárez, haciendo prevalecer la defensa de las autopartes que transportaba el Belgrano Cargas, violando los protocolos vigentes, que prohíben la utilización de todo tipo de balas como método de disuasión. También declararon los jefes de la fuerza, como Víctor Hualde, que estaba a cargo de la Comisaría 4ta. de José León Suárez y dirigió parte del operativo. Entre otras cuestiones se supo que fue él quien dio la orden de disparar el gas pimienta. Hubo un momento en que se quedaron sin municiones y mandó a buscar más a la comisaría.
La UFI 5, tras la disposición de la Cámara de Casación Penal de apartar el Tribunal Oral Criminal 2, también mandó a allanar las comisaría 4° y la 8°, y secuestró documentación que da cuenta del personal que se encontraba cumpliendo funciones, y las armas de las que disponían.
Para avanzar en la responsabilidad de la Policía Bonaerense, los mismos abogados que representan a los particulares damnificados, Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Juan Carlos García Dietze, también impulsan una segunda causa, en el marco de la cual ya fueron citados a declarar dos policías cuyos testimonios apuntan a dilucidar las responsabilidades institucionales.
El nuevo juicio que dispuso la Cámara por la revisión de la situación de Rey, y la audiencia para que se considere el agravante de la pena de Vega por sus funciones públicas, se encuentran frenados porque ambos presentaron recursos extraordinarios que aún no fueron resueltos. Si Casación se expidiera de forma negativa podrían llegar a manos de la Corte Suprema Bonaerense. Si bien Vega enfrentó el juicio con un defensor oficial, a Rey le renunció su abogado privado. El nuevo juicio debe celebrarse con todas las garantías constitucionales.
