Organizaciones sociales, barriales y políticas mantenían cortado desde la medianoche el tránsito en el puente Pueyrredón, en la mano que va al sur del Gran Buenos Aires, a 13 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante una represión policial contra un grupo de manifestantes.

Alrededor de las 5.30 fue liberado el carril a Capital Federal durante unos 20 minutos antes de ser cortado nuevamente con quema de cubiertas, aunque poco antes de las 6.30 volvió a quedar despejado.

Los manifestantes, a las 10, tienen interrumpir el tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la estación de trenes de Avellaneda del ferrocarril Roca (hoy denominada estación Kosteki y Santillán), donde se realizará el acto central.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue objeto esta mañana de un escrache por parte de un pequeño grupo de militantes sociales, en el ingreso a la Casa Rosada, quienes con una bandera la adjudicaron "responsabilidad política" en la muerte de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a 13 años del deceso de ambos.

El ministro, que no tomó contacto con los manifestantes e ingresó al edificio oficial sin descender de su vehículo, afirmó que es una "persona visible" y, por tanto, eso "les da una ventaja para agraviarme", pero aseguró tener "cero responsabilidad política" en estas muertes, y que "si la hubo" por parte de otros funcionarios, "es para un investigador".

La bandera de los militantes decía "Aníbal Fernández. Responsable político de la masacre de Avellaneda".

En tanto, numerosas personas se concentraron ayer, por la tarde, frente a la estación de trenes, donde se desarrollaron actividades culturales. A las 19 realizaron un acto político y a las 23 marcharon con antorchas al puente Pueyrredón.

"A 13 años de la Masacre de Avellaneda seguimos exigiendo juicio y castigo de los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros", expresó el Frente Darío Santillán en un comunicado.

Los crímenes

Maximiliano Kosteki, de 21 años, y Darío Santillán, de 25, eran militantes de la Coordinadora Aníbal Verón cuando fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante una protesta en reclamo de planes sociales.

En la represión fueron heridas otras 33 personas por disparos de las fuerzas policiales y el hecho derivó en una conmoción social que obligó al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales.

El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta.

También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.

El ex policía Gastón Sierra recibió tres años por el mismo delito, mientras que el también ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de prisión y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses al ser encontrado culpable de usurpación de títulos y honores