El gobierno bonaerense adhirió a la nueva guía para la atención de los abortos no punibles dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación el año pasado, mediante el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”.

La medida, que se aplicará en los hospitales y centros de salud de la provincia, ‘eliminará las barreras de acceso a esta práctica y regirá bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación‘, informó el ministerio de Salud bonaerense.

“Por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria‘, expresó el texto de la cartera sanitaria, y mencionó los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) con recursos necesarios.

Asimismo, expresó que se podrá ‘brindar atención integral para ILE en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presenten eventuales complicaciones‘ y las que ‘se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo o cuando haya un compromiso de salud y sea conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta”.

La cartera sanitaria manifestó que ‘los centros de salud que no cuenten con personal ni equipamiento adecuados‘ para realizar el aborto, deberán ‘garantizar la derivación asistida de la mujer sin retrasos, para que reciba atención integral tempranamente‘.

Por otra parte, dijo que si se detecta a una mujer que cursa un embarazo no deseado pero que no se encuadra en las causales para realizar una interrupción legal del embarazo, recomendó ‘derivarla a una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna‘.

El ministerio bonaerense sostuvo que la resolución será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial y manifestó que la adhesión de la provincia de Buenos Aires se sumó a las de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, donde ya están vigentes protocolos de ILE.

El ministerio de Salud modificó en 2015 el protocolo para la atención de abortos no punibles, que busca evitar la judicialización de los casos previstos en el Código Penal.

La elaboración del protocolo había sido pedida por la Corte Suprema de Justicia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en 2012, en el marco de un fallo en el que ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación, por lo que la interrupción del embarazo no está supeditada a un trámite judicial, al interpretar un inciso del artículo 86 del Código Penal.