En Argentina, en la práctica, no se sanciona a los fiscales ¿por qué este caso es la excepción? La decisión nos preocupa especialmente por los implicados y por las condiciones en que se lleva a cabo. La celeridad en las decisiones y la negación al investigado a ser escuchado no parecieran ser el mecanismo adecuado para arribar a conclusiones ciertas. Hoy ponemos la lupa sobre un proceso contra un fiscal que comenzó a investigar a un empresario en lo que podría ser un caso de corrupción. Si únicamente se tratase de una situación aislada quizás no preocupase tanto, pero sin ir demasiado lejos, recordamos que en el caso Ciccone, que involucra al vicepresidente, tras un allanamiento se presionó para que renuncie el Procurador General de la Nación y se remueva al juez y fiscal.

En estas condiciones, ¿cuántos jueces o fiscales se animarán a investigar casos de corrupción?

Cuando buscamos las causas de la corrupción surgen teorías que hablan de educación y cultura o las que con razón insisten con la ausencia de los organismos de control y la falta de voluntad política para combatirla. Sin embargo, da la sensación de que sufrimos una enfermedad autoinmune cuando hablamos de ella. El conjunto de estructuras y procesos que nos tienen que defender se convierte en el principal enemigo de la lucha contra la corrupción. Hablemos claro, nos preocupa la impunidad: las demoras en las investigaciones siempre terminen en la prescripción de las causas. Nos alerta que los poderes de turno se opongan a las investigaciones de corrupción. Nos llaman la atención las trabas judiciales que terminan favoreciendo a los sospechosos. O le decimos que no a la impunidad o nos resignamos a vivir en un país donde ésta corroe la vida.