La discusión sobre el financiamiento universitario no puede reducirse a consignas ni a una falsa dicotomía entre “universidad pública sí o no”. La verdadera discusión es otra: cómo garantizar una educación superior de calidad, accesible y sostenible, sin convertir a las universidades en estructuras cerradas, burocráticas y desconectadas de la realidad de los contribuyentes que las financian.

Defender la universidad pública no puede significar defender cualquier sistema, sin control, sin auditorías y sin exigencia de resultados.

No hay ninguna duda de que la universidad pública debe existir y debe ser defendida. La universidad pública fue y sigue siendo una enorme herramienta de movilidad social para miles de argentinos que, de otra manera, jamás podrían acceder a estudios superiores.

Hay que pensar en el hijo del trabajador, en el estudiante que viaja horas para cursar, en la familia que hace sacrificios para que su hijo pueda convertirse en profesional. Ellos son el verdadero corazón de la universidad pública y son quienes merecen que el sistema funcione bien, con calidad y con responsabilidad.

La educación universitaria es una herramienta central para el desarrollo individual, la movilidad social y el crecimiento y futuro del país. Justamente por eso debe ser administrada con responsabilidad.

No hay derecho social auténtico si el Estado gasta sin transparencia, si se naturalizan privilegios o si se utilizan las universidades como espacios de militancia política permanente mientras se deteriora la calidad educativa, la investigación y la infraestructura. La autonomía universitaria jamás puede ser sinónimo de ausencia de rendición de cuentas.

El reclamo original de muchos estudiantes y docentes tuvo, en gran medida, una preocupación legítima. Nadie puede negar que la incertidumbre presupuestaria genera angustia en quienes estudian, investigan o trabajan todos los días en las universidades.

El problema es que, con el correr de las semanas, sectores políticos acostumbrados a vivir de la lógica del conflicto permanente terminaron apropiándose de un reclamo genuino para transformarlo en una plataforma de oposición partidaria.

Ahí es donde muchos estudiantes comunes, que solo quieren cursar, recibirse y progresar, dejan de sentirse representados; ahí es donde la vieja política vuelve a hacer de las suyas ensuciando algo tan noble como la universidad pública que tanto debería enorgullecernos a los argentinos, porque de ella salieron hombres como Favaloro, Leloir, Balseiro o Sábato, entre tantos otros.

Ahí es también donde el gobierno nacional falla en la forma de instrumentar algo necesario, pero, principalmente, en comunicarlo.

La Argentina necesita universidades abiertas al mérito, a la innovación, a la excelencia, al vínculo con el sector productivo y al proyecto de Nación que queremos. Necesita formar profesionales preparados para competir en el mundo, no estudiantes cautivos de discursos ideológicos que muchas veces terminan alejando a las instituciones de su misión principal.

Defender la educación pública debe significarnos cuidar los recursos de la gente, exigir transparencia, premiar el esfuerzo y garantizar que la universidad vuelva a ser un espacio de formación y progreso, y no una trinchera política financiada por todos los argentino.