La Justicia federal activó una investigación sobre contrataciones del Estado vinculadas a servicios digitales y concesiones públicas. El expediente apuntó a determinar si existieron irregularidades en licitaciones y posibles beneficios para empresas relacionadas con el entorno familiar de Manuel Adorni.

La causa ingresó en el juzgado de Ariel Lijo tras una presentación de la diputada Marcela Pagano, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. El proceso buscó establecer si hubo direccionamiento en concursos para servicios de mensajería masiva, además de eventuales sobreprecios y simulación de competencia entre firmas oferentes.

Uno de los contratos bajo análisis correspondió a un servicio de SMS, correos electrónicos y llamadas adjudicado por más de 3.650 millones de pesos. La denuncia señaló que las empresas participantes “tendrían vínculos entre sí” y remarcó coincidencias en estructuras societarias y domicilios. La sospecha central giró en torno a una posible coordinación para simular competencia y garantizar adjudicaciones.

En paralelo, el expediente incluyó un posible esquema de relaciones comerciales que involucró a la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Según la presentación judicial, la firma “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”. Entre ellos aparecieron grupos empresarios con presencia en contratos públicos y concesiones relevantes.

El texto también destacó que una compañía vinculada a servicios para YPF “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”. Ese cruce alimentó las sospechas sobre posibles conflictos de interés.

Otro eje de la investigación se centró en la concesión del predio de Tecnópolis. Se trató de un proceso a 25 años, con un valor estimado en más de 183 millones de pesos. La denuncia advirtió que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, responsable de ese trámite, dependió de la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La Justicia buscó determinar si existió un entramado que combinó contratos estatales con intereses privados vinculados al entorno del funcionario. En esa línea, la denuncia incluyó acusaciones por presuntos delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.

El fiscal Stornelli impulsó medidas de prueba. Solicitó documentación sobre contrataciones tecnológicas, servicios de comunicación y concesiones de espacios públicos. También pidió los expedientes administrativos de procesos clave, entre ellos los vinculados a herramientas de seguimiento, mensajería masiva y correos transaccionales.

A su vez, requirió informes a la Inspección General de Justicia para reconstruir la estructura societaria de varias empresas tecnológicas. El objetivo consistió en identificar a los beneficiarios reales de las firmas y detectar posibles vínculos con funcionarios.

Otra medida apuntó a relevar la relación entre grandes proveedores y el Estado. La fiscalía pidió información sobre empresas que mantuvieron contratos recurrentes con la administración pública, con el fin de establecer si las adjudicaciones respetaron criterios de transparencia o respondieron a un esquema direccionado.

Las medidas solicitadas quedaron ahora bajo evaluación del juez Lijo, quien deberá definir si avanza con la apertura formal de la investigación penal. Mientras tanto, el expediente sumó presión sobre la Jefatura de Gabinete en medio de sospechas por el manejo de contrataciones públicas.