En medio de la exposición pública de Claudio “Chiqui” Tapia por su indagatoria en una causa judicial, la Asociación del Fútbol Argentino activó una nueva estrategia legal para destrabar el traslado de su domicilio a la provincia de Buenos Aires.

La entidad presentó un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el objetivo de anular la Resolución 140 de la Inspección General de Justicia, que había frenado la mudanza a Pilar. Esa resolución, firmada el 18 de febrero por el entonces inspector general Daniel Vítolo, rechazó el cambio de jurisdicción desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la calle Mercedes 1366, donde la AFA busca fijar su nueva sede.

El conflicto tiene su origen en octubre de 2024, cuando la dirigencia aprobó el traslado en una asamblea ordinaria. Semanas después, la provincia de Buenos Aires convalidó el cambio e inscribió a la institución bajo una nueva matrícula a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Sin embargo, la IGJ bloqueó el proceso, lo que derivó en esta nueva ofensiva judicial. En el escrito —de más de 100 páginas—, firmado por el abogado Federico Helfer, la AFA solicita la nulidad “absoluta e insanable” de la resolución y acusa al organismo nacional de incurrir en “desviación de poder”. Según la entidad, la IGJ se habría arrogado facultades que corresponden exclusivamente a la órbita bonaerense.

Además, el recurso plantea múltiples irregularidades en el procedimiento. Entre ellas, cuestiona inspecciones realizadas sin notificación previa, dificultades para acceder al expediente —que implicaron costos adicionales— y la existencia de informes firmados por personal sin designación formal. También denuncia un “raid mediático” de Vítolo, a quien acusa de haber anticipado públicamente el rechazo antes de que finalizara el trámite.

Otro de los puntos centrales del planteo apunta a una supuesta contradicción del propio organismo de control. Mientras la IGJ argumentó que existían balances pendientes entre 2017 y 2024, la AFA sostiene que el mismo ente había certificado en noviembre pasado que la institución estaba al día con sus estados contables.

En paralelo, la postura de la AFA cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires, que considera inválido el intento de la IGJ de ejercer control sobre una entidad ya registrada en su jurisdicción. Desde el ámbito bonaerense incluso se cuestionó la posibilidad de un “doble control” sobre un mismo acto administrativo.

Como parte de su estrategia, la asociación pidió que el expediente sea tratado por la Sala D de la Cámara Civil, tribunal que ya intervino en un antecedente vinculado al caso y falló a su favor. Además, solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo y permita avanzar con la inscripción definitiva del traslado.

La disputa suma así un nuevo capítulo y podría escalar aún más: la AFA ya anticipó que, en caso de un fallo adverso, recurrirá a la Corte Suprema.