La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. No se trata de un debate nuevo, pero sí de uno que hoy adquiere una dimensión distinta a la luz de la situación de inseguridad que en las últimas semanas volvió a repetirse en la Provincia de Buenos Aires en particular.

Durante años, algunos sectores de la política insistieron en sostener un enfoque que, bajo el argumento de proteger derechos, terminó consolidando un sistema que no ofrece respuestas ni a las víctimas, ni a la sociedad, ni tampoco a los propios menores involucrados en hechos delictivos. Del mismo modo, mantener la edad de imputabilidad en los 16 años, como proponen la izquierda y el kirchnerismo, no ha demostrado ser una solución frente a una realidad que cambió de manera profunda y que exige respuestas acordes al tiempo que vivimos. Hoy es innegable que una parte de los delitos graves (robos violentos, entraderas, ataques con armas, e incluso homicidios) cuenta con la participación de menores que se encuentran por debajo del umbral de responsabilidad penal. En la Provincia de Buenos Aires, este fenómeno no solo pone de manifiesto una creciente sensación de impunidad, sino que además alimenta prácticas criminales en las que menores son utilizados deliberadamente por adultos para eludir sanciones más severas.

Frente a esta realidad, la iniciativa impulsada por el Presidente Javier Milei de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años no debe leerse como un gesto punitivo, sino como un ordenamiento necesario del sistema jurídico, orientado a restituir un principio básico: quien comete un delito debe asumir una responsabilidad acorde a su conducta, dentro de un régimen diferenciado por edad, pero sin zonas liberadas normativas ni vacíos legales que terminan jugando a favor de los delincuentes.

La experiencia comparada en la región resulta ilustrativa y desmiente muchos de los argumentos que se repiten de forma automática en el debate local. Chile establece la responsabilidad penal adolescente desde los 14 años, con un sistema específico que combina sanción, control judicial y medidas socioeducativas. Uruguay también fija ese umbral y cuenta con un régimen que distingue claramente entre adultos y adolescentes, sin renunciar a una respuesta penal frente a conductas graves. Brasil, por su parte, mantiene un esquema particular de medidas socioeducativas desde los 12 años al tiempo que reconoce de manera expresa la intervención del Estado ante delitos graves cometidos por menores. Ninguno de estos países ha colapsado institucionalmente por haber adoptado esquemas de responsabilidad penal juvenil más tempranos. Por el contrario, incluso bajo gobiernos de signos ideológicos distintos, han avanzado hacia sistemas más claros, previsibles y coherentes, donde el Estado no renunció a su deber de garantizar seguridad ni delegó en la informalidad o la discrecionalidad judicial la resolución de conflictos penales.

En ese sentido, la propuesta que hoy se debate en la Argentina se inscribe en una lógica moderna y razonable: responsabilidad penal con garantías, penas diferenciadas, límites estrictos a la privación de la libertad y un fuerte componente de acompañamiento, supervisión e intervención interdisciplinaria. Lejos de ignorar los derechos de los menores, el nuevo régimen los reconoce de manera explícita, pero los integra a un sistema que también protege a las víctimas y al conjunto de la sociedad.

Resulta llamativo que quienes durante años gobernaron la Provincia de Buenos Aires y fracasaron en brindar seguridad hoy pretendan clausurar el debate apelando a consignas conocidas, sin hacerse cargo de los resultados. Experiencias recientes, ampliamente difundidas y presentadas como soluciones innovadoras, terminaron demostrando una brecha evidente entre el relato y los resultados concretos en materia de prevención del delito. Insistir en que “nada debe cambiar” cuando la realidad demuestra lo contrario no es una posturaprogresista, es una forma de negación que termina perjudicando, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

La baja de la edad de imputabilidad no es una solución mágica ni aislada, pero sí constituye una herramienta necesaria dentro de una política criminal honesta, que reconoce los problemas tal como son y no como se desearía que fueran. La reforma propone un Estado que interviene de manera temprana, ordenada y legal, evitando tanto el abandono como el castigo indiscriminado.

En definitiva, avanzar hacia un nuevo régimen penal juvenil significa decir una verdad que durante demasiado tiempo se evitó: que el sistema actual no protegió ni a las víctimas, ni a los barrios, ni tampoco a muchos jóvenes que fueron empujados a delinquir bajo la falsa idea de que el Estado no debía intervenir. Discursos oficiales del pasado llegaron incluso a relativizar o justificar conductas delictivas como consecuencia de la exclusión social, con resultados a la vista.

La inseguridad no es una estadística ni un debate académico. Es la angustia del vecino que vuelve a su casa con miedo, es la familia que pierde lo que construyó con años de trabajo, es la madre que llora una hija, es el hijo que llora a un padre, es el bonaerense que siente que la ley llegó siempre tarde. Respaldar esta reforma es empezar a reparar esa deuda. Es afirmar que la ley vuelve a estar del lado del que cumple, del que trabaja, del que quiere vivir en paz, y que el Estado deja de mirar para otro lado para hacerse cargo, con firmeza y justicia, de una realidad que ya no admite excusas.