La seguridad ocupa un lugar central en el discurso libertario, pero no forma parte de las urgencias. El Gobierno resolvió relegar las modificaciones al Código Penal y avanzar primero con la reforma laboral, una definición que ya se refleja tanto en la dinámica parlamentaria como en las prioridades fijadas para las sesiones extraordinarias.

La decisión terminó de sellarse en la última mesa política de la Casa Rosada. Las iniciativas vinculadas a penas y procesos -como la ley Antimafias, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos o los cambios en reiterancia y reincidencia-, quedaron desplazadas frente a debates considerados más urgentes, como las partidas presupuestarias o la ley Bases.

Uno de los factores clave es la negociación con las provincias. El Ejecutivo aceleró las conversaciones para destrabar la reforma laboral y, en ese camino, el proyecto original podría sufrir ajustes ante los pedidos de los aliados. La necesidad de mayores consensos aparece como un obstáculo adicional para la reforma penal, que requiere acuerdos bicamerales más amplios y podría abrir nuevas demandas de los gobernadores.

Hasta ahora, la transformación del Código Penal se mantuvo en el plano de los anuncios y no existe una redacción pública. Dos espacios trabajan en el tema: uno integrado por el equipo técnico de la senadora, Patricia Bullrich, y otro encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Las versiones internas, sin embargo, no coinciden. “No tenemos nada”, admiten desde el sector de la exministra; mientras que desde el ala caputista aseguran que “abarca más de 900 artículos y todo está sujeto a último repaso”. En el oficialismo, la definición se concentra en la Casa Rosada: “Define todo el presidente Milei”.

La falta de claridad también es observada por la oposición. En el peronismo, incluso, coinciden con la mirada más escéptica. “La reforma del Código Penal no existe. No lo tienen ni claro ellos mismos hacia dónde ir. Si vamos hacia una reforma, debería ser con mucho consenso. Eso no lo veo por ahora”, señaló un diputado de Unión por la Patria especializado en temas de seguridad. En otros bloques opositores especulan con que el proyecto podría volver a escena si un caso de inseguridad logra instalar el tema con fuerza en la agenda pública.

El repliegue oficialista también alcanza a la reforma del Régimen Penal Juvenil, que había sido impulsada por Javier Milei en la apertura de sesiones de 2025, en un contexto marcado por el homicidio de Kim Gómez en La Plata. La Libertad Avanza había firmado un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque ahora algunos sectores proponen llevarla a los 13.