La comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre la presunta estafa cripto de $LIBRA, el caso que golpeó al Gobierno tras el tuit presidencial del 14 de febrero. El cierre del trabajo dejó un mensaje claro en la oposición: sin ese posteo, la moneda no hubiera existido como fenómeno masivo, y la maniobra respondió a un patrón repetido por los mismos protagonistas.

Desde el inicio, los bloques opositores evitaron utilizar el concepto “juicio político”. Ese punto surgió en la mesa de negociación entre la Coalición Cívica, el radicalismo, el pichettismo y el peronismo. Finalmente, plasmaron una fórmula más acotada: atribuyeron responsabilidad política a Javier Milei y Karina Milei por la difusión del activo digital. En el texto añadieron: “Es necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El mal desempeño constituye una causal de juicio político, pero el dictamen no nombró ese avance de manera explícita.

El documento tomó forma con el aporte de Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Juan Marino y Oscar Agost Carreño. Los legisladores remarcaron que enfrentaron trabas en el proceso, debido a que distintos organismos del Ejecutivo negaron información y que el juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli rechazaron pedidos de la comisión. Esa falta de colaboración derivó en denuncias penales contra Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Paul Starc, Florencia Zicavo y Roberto Silva, acusados de impedir el trabajo parlamentario.

La denuncia contra los magistrados se sumó a un pedido de jury para el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quienes también negaron documentación clave. La oposición sostuvo que ese bloqueo afectó el avance de la investigación y que dejó sin respuesta puntos que la comisión consideró esenciales.

El eje del informe se centró en un concepto repetido por los diputados: la estafa no surgió como un episodio aislado, sino como parte de un patrón de maniobras financieras impulsadas por las mismas personas. Marino lo expresó de manera directa al exponer ante la comisión: “No fue un hecho aislado, sino que se repiten siempre los mismos tres nombres: Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy”. También recordó antecedentes vinculados a KIP Protocol en 2024 y a CoinX en 2022.

El informe agregó que, según el análisis técnico de blockchain, “el análisis técnico de las blockchain detectó fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei”. Ferraro sostuvo que esa práctica violó la Ley de Ética Pública y que produjo un “daño reputacional para la Argentina”.

Los legisladores explicaron que identificaron compras realizadas 22 segundos antes del tuit presidencial, lo que fortaleció la hipótesis de acción coordinada. Agost Carreño afirmó: “Se detectaron compras 22 segundas antes del posteo que lo hizo conocido. Y sabemos que no hubo manera de que el presidente hubiera podido encontrar el código en Google”. Según el informe, el número de contrato difundido por Milei no estaba disponible de forma pública.

El trabajo también destacó que “sin su tuit, $LIBRA no habría tenido el volumen de compras que tuvo”, y marcó que un grupo reducido de inversores ingresó antes de la explosión de demanda. El documento señaló que el 79,93% de los inversores perdió dinero, mientras que un grupo menor obtuvo ganancias superiores al millón de dólares.

La comisión sumó detalles sobre un presunto esquema de transferencias asociado a Mauricio Novelli. La oposición mencionó operaciones por u$s300.000 y u$s250.000 detectadas en Binance. Un integrante de la comisión amplió esa idea y afirmó: “Eso prueba que Milei en febrero no fue sorprendido con $LIBRA”.

El círculo de vínculos incluyó a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Matías Mario Mudric. El informe indicó que exploraron movimientos entre distintas plataformas y que enviaron oficios a varias de ellas. También mencionaron que familiares de Novelli retiraron bolsos de una sucursal bancaria el primer día hábil después del derrumbe de la moneda.

La reunión final de la comisión avanzó entre interrupciones, reclamos por la ausencia de transmisión oficial y un cruce tenso entre libertarios y opositores. Durante el cierre, Chipi Castillo remarcó un punto central para la acusación: “Ni el presidente en las entrevistas ni Guillermo Francos cuando fue interpelado ni los miembros del oficialismo pudieron identificar de donde surgió el carácter público de ese link. Y ahí está la clave de la estafa y de la responsabilidad política de la promoción de la cripto LIBRA”.

Con el informe ya elevado a la Justicia, la continuidad de la comisión dependerá del nuevo Congreso. La oposición busca sostenerla. El oficialismo, en cambio, la considera un mecanismo de desgaste. El caso, entretanto, seguirá abierto en los tribunales mientras avanza la disputa política por el impacto de la maniobra cripto más polémica del ciclo Milei.