El ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, fue detenido la semana pasada tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los últimos recursos presentados por el ex funcionario en la Causa Once II.

A pesar de su avanzada edad (77 años) se lo mantiene detenido en el Hospital del Penal de Ezeiza y se encendieron todas las alarmas de Derechos Humanos cuando su esposa, Alessandra Minnicelli, afirmó que no recibe su medicación, que le negaron agua caliente y acceso a una ducha, y que la alimentación no es apta para diabéticos.

Su esposa denunció que el detenido pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha. También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, cuyo funcionamiento no le fue explicado adecuadamente, y al que se puede acceder solo una vez hasta las 20 horas.

Minnicelli aseguró que su esposo tampoco tiene acceso a su medicación habitual. Ante este panorama, informó que se realizó una presentación judicial y que el juez interviniente ya envió un oficio al Hospital Penitenciario.

“Quisiera saber quién o quiénes, y por qué, lo están maltratando así”, concluyó Minnicelli en un comunicado.

EL PERONISMO PIDIÓ LA DOMICILIARIA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a ministros de su gabinete y una treintena de intendentes peronistas, firmaron un duro comunicado en «solidaridad con el compañero Julio De Vido».

Según se desprende del texto, la dirigencia califica la condena del exministro de Planificación Federal como “injusta”, al tiempo que expresaron preocupación por la salud del exfuncionario, advirtiendo que «la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud«.

En ese marco, el petitorio exige «que de manera inmediata reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica» y que «se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria».

El comunicado también denuncia una persecución política: «Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo«.

También los legisladores de Unión por la Patria se sumaron a esas críticas, con un posteo en X. “Desde el Interbloque de Unión por la Patria repudiamos la detención arbitraria del compañero Julio De Vido. Una muestra más de la persecución política orquestada por el partido judicial y sus jefes políticos y económicos, con la que buscan, nuevamente, someter a referentes y opositores al plan de saqueo que hoy gestiona Milei y sus socios”, dice el comienzo del texto.

Antecedentes similares dan la pauta de que cuando en Argentina se quiere avanzar contra los derechos de un reo, los organismos de Derechos Humanos interceden y los ataques son aliviados y eliminados.

Son reducidos los casos en los que no triunfa el debido proceso y muy pocos ocurridos en el ámbito político (hablando siempre del siglo XXI). Con De Vido seguramente se proceda a amenazar con llevar el tema a tribunales internacionales, lo que alerte a la Justicia local y se le otorgue la domiciliaria y todos los derechos que, indudablemente y más allá de las opiniones sobre el caso, le pertenecen.